Tegucigalpa. En un pronunciamiento presentado este lunes, la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) instó al Congreso Nacional a construir un Código Penal que combata la corrupción, proteja a los más vulnerables y no dé privilegios a ningún sector.
La exhortativa del capítulo de Transparencia Internacional en Honduras se da luego de que el Poder Legislativo aprobó el fin de semana la extensión de la vacatio legis del nuevo Código Penal, para que entre en vigencia hasta el próximo 25 de junio.
La ASJ señala que la decisión es positiva “siempre y cuando sea una oportunidad para el Congreso Nacional de escuchar a la ciudadanía”, de manera que ese poder del Estado “realice una convocatoria pública para que las organizaciones interesadas presenten sus valoraciones y se puedan discutir mediante mesas temáticas transmitidas a través de plataformas virtuales”.
Además, ante esta tercera prórroga, esta organización de sociedad civil motiva a las bancadas del Congreso Nacional para que “realicen una revisión exhaustiva a las disposiciones del Código Penal que involucran la concepción normativa de cuatro grandes grupos de delitos: contra la administración pública, medio ambiente, el patrimonio, las mujeres y la libertad sexual”, correspondientes a 167 artículos que representan un 27% de la ley publicada en el Diario Oficial “La Gaceta”; sin dejar de lado la regulación de figuras que fueron derogadas sin un análisis abierto e inclusivo.
En el escrito se solicita además al Poder Judicial, Ministerio Público y a la Procuraduría General de la República retomar y culminar el proceso de capacitación a sus empleados y funcionarios conforme a la capacidad instalada de cada institución, con el propósito de “asegurar que al vencer el término de la vacatio legis, esto no sea un obstáculo en materia de acceso de justicia a la población”.
Asimismo, se destaca que “desde el año 2016, la ASJ ha impulsado acciones de incidencia en torno al nuevo Código Penal con fiscales, jueces, magistrados y diputados de los diferentes partidos políticos representados en el Congreso Nacional”, así como la entrega de un compendio de recomendaciones que fueron remitidas en octubre del pasado año.
Finalmente, la ASJ enfatiza que la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 pone de manifiesto la urgente necesidad de contar con un Código Penal “que proteja los bienes jurídicos esenciales para el mantenimiento del orden social y el funcionamiento del sistema democrático. Ante ello, su contenido debe acoger las disposiciones legales necesarias que permitan su armonía con la realidad socioeconómica del país, garantizando que su contenido no dé lugar a violaciones a derechos humanos, privilegios para sectores políticos o económicos y la institucionalización de la impunidad”.
