El Congreso Nacional aprobó esta tarde un decreto que declara emergencia nacional la depuración policial. La sesión comenzó a las 2:40 de la tarde con la lectura del anteproyecto de ley que contempla la certificación de los miembros de la Policía Nacional.
Una vez concluida la lectura del decreto Ejecutivo, el jefe de bancada del Partido Nacional, Oscar Alvarez, propuso que la discusión se realizará en un solo debate. Tras una larga jornada de discusión se logró aprobar los siete artículos, los cuales fueron entregados la tarde del martes por el Presidente Juan Orlando Hernández.
Según el decreto, el ministro de Seguridad será en encargado de coordinar la depuración. El documento establece que el Ejecutivo puede “proceder a terminar la relación laboral con cualquiera de los miembros de la Policía Nacional sin responsabilidad para el Estado más que la de garantizar el pago de los derechos que conforme a la legislación nacional corresponda”.
Las fuerzas políticas de oposición expresaron antes de iniciar la discusión el apoyo al decreto de emergencia. Aseguraron que velarían por los derechos laborales de los policías honestos que forman parte de la estructura de seguridad. Entre los aspectos más importante del decreto se menciona que el proceso tendrá una duración de 12 meses.
La entrega del proyecto de ley se giró tres días después que un diario capitalino revelará que altos mandos estaban implicados en el asesinato del zar antidrogas, Julián Arístides González. El expediente menciona los nombres de varios jefes policiales que ostentaron cargos en los años 2009 – 2013.
Una vez que salió a la luz pública el informe, el Ministerio Público (MP) ha realizado la intervención de dos instituciones policiales. A través de la Agencia Técnica de Investigaciones (ATIC) se han inspeccionado las oficinas de Casamata y la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP).
