Tegucigalpa. – El Ministerio Publico a través de la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV), pide ante el órgano jurisdiccional penas de entre 1,260 a 1,273 años de cárcel para 15 integrantes de la pandilla 18 declaradas culpables del asesinato de 46 mujeres privadas de libertad durante una reyerta ocurrida el 20 de junio de 2023 en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS).
En ese sentido, el Ministerio Público solicita una pena de 1,260 años de prisión a las enjuiciadas Heidy Jackeline Palma Rivera alias “La Suicida”, Leyla Rosmeri Figueroa Pavón alias “La Pichingón”, Francis Margarita Chavarría Ávila, Lourdes Eloísa Barrientos Turcios, Rosa Bertha Marroquín Almendares, alias “La Nena”, María Cristina Cálix Salinas, alias “La Fuga”, Any Dayana Barahona Mejía, alias “la Vagabunda” y Dania Jakeline Maradiaga Flores alias “La Inquieta”, condenadas por los delitos de asesinato, asesinato en su grado de ejecución de tentativa inacabada, asociación para delinquir e incendio cualificado.
Mientras que, Lesbia Ondina Rodríguez Orellana alias “La Tafi”, Kenia Patricia Salinas Rivera, también conocida como Flavia Marlene Tercero, alias” La Tremenda” y Karen Lorena Ávila Pavón alias “La Flaca Ávila», tras ser encontradas culpables de los delitos de asociación para delinquir, asesinato, asesinato en su grado de ejecución de tentativa inacabada y porte ilegal de arma de fuego comercial pide una pena de 1,265 de cárcel.
Del mismo modo, Claudia María Lemus Aceituno alias “Saico”, Cherry Darling Guevara alias “la Flaca Halloween” y Susana Godoy Leiva alias “La Buller” declaradas culpables de los delitos asociación para delinquir, asesinato, asesinato en su grado de ejecución de tentativa inacabada y porte ilegal de arma de fuego de uso prohibido solicita penas de 1,268 años de prisión.
Entre tanto, María del Carmen Contreras Castillo una pena de 1,273 de prisión, quien fue condenada por los delitos asociación para delinquir, asesinato, asesinato en su grado de ejecución de tentativa inacabada y porte ilegal de municiones de uso prohibido y comercial.
En esta causa también incluyen a Arleny Sarahí Guerra Portillo; no obstante el juicio oral y público se desarrollará del 26 al 30 de mayo de 2025.
Con esta importante resolución, el Ministerio Público reitera su compromiso en la investigación y resolución de muertes violentas para garantizar justicia y prevenir la impunidad en estos casos.
