Más de dos docenas de oficiales de la policía de Honduras han sido despedidos como parte de un proceso de limpieza de una institución que ha estado infiltrada desde hace años por el crimen organizado.
La comisión de depuración policial anunció la decisión de separar del cuerpo a los oficiales varios días después de que cinco generales, incluidos dos que ejercieron el cargo de director general, fueran también suspendidos.
El remezón policial sucede después de que varias noticias en medios de comunicación mostraran que altos mandos de la policía ordenaron los asesinatos del zar antidrogas general Julián Arístides González Irías, en 2009, y dos años más tarde el de su principal asesor.
Según dos informes desvelados por la prensa, la policía actuó por órdenes del líder de un cartel del narcotráfico, Winter Blanco. En ambas tramas, según los documentos, el General Ricardo Ramírez del Cid jugó un papel importante y ya fue separado de la policía en abril.
Las acusaciones de que la policía de Honduras ha estado implicada en asesinatos extrajudiciales y tiene vínculos con el narcotráfico son antiguas. Los intentos por rehacer la institución en el pasado no han ofrecido resultados. Esta vez está siendo diferente.
La limpieza de la policía sucede en paralelo con la decisión tomada por el Presidente Juan Orlando Hernández de favorecer a la policía militar sobre la policía civil. Honduras tiene una de las tasas de homicidios más altas del planeta por culpa de la actuación de las pandillas y los carteles del narcotráfico.
Expertos en seguridad y reforma policial han advertido en repetidas ocasiones que los militares no han sido formados para desarrollar tareas policiales y que una fuerza policial militarizada tendrá como consecuencia la comisión de abusos.
La comisión creada para depurar la policía presentó el viernes una lista de 27 oficiales suspendidos, cuatro que han aceptado el retiro voluntario y 16 que han sido ratificados en sus puestos. Uno de los suspendidos dijo que no había ninguna prueba de que hubiera cometido ningún acto contrario a la ley y que la depuración tenía como objetivo proteger a “ciertos oficiales”.
“Somos los más interesados en que se produzca la depuración”, dijo el comisionado Henry Osorto Canales después de reunirse con el ministro de Seguridad. “Pero deberían ser los criminales los que se van. Los que colaboraron con el crimen organizado”.
