El gobierno brasileño pedirá este martes a la corte suprema que anule el proceso que busca destituir a la presidenta Dilma Rousseff, un día antes de que sea votado en el Senado.
La Abogacía General del Estado, que defiende a la presidenta, presentará un recurso para resguardar sus derechos y pedir “la anulación del proceso de impeachment (…) que tramita en el Congreso”, informó en un comunicado de prensa.
Según el oficialismo, Cunha dio luz verde a la solicitud luego de que el Partido de los Trabajadores (PT), de Rousseff, decidiera apoyar una investigación que le inició la Cámara que presidía por faltas éticas, que contemplan sanciones que podrían costarle su mandato ahora en suspenso por una decisión de la corte suprema.
La decisión del gobierno agrega un elemento al caótico presente que vive Brasil a menos de 24 horas de la votación del Senado. Según el proceso en curso, el pleno de 81 senadores debatirá si acepta el proceso que acusa a la mandataria de maquillar las cuentas públicas en 2014, año de su reelección, y a inicios de 2015.
Todos los sondeos indican que la Cámara alta autorizará la instalación del juicio y Rousseff perderá la presidencia por hasta 180 días mientras se tramita el proceso. En caso de ser hallada culpable, la mandataria que sucedió a Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010) ya no regresará a su cargo y será reemplazada por el actual vicepresidente Michel Temer, devenido en su mayor enemigo político.
La exguerrillera de 68 años, que asumió el poder en 2011 y debía entregar la banda presidencial el 1 de enero de 2019, insiste en que los gobernantes que la precedieron practicaban las mismas maniobras fiscales, que no cometió ningún delito y que es víctima de un “golpe parlamentario”.
Tras haber perdido el apoyo de casi todos los partidos que integraban su coalición de gobierno, y con apenas un 10% de popularidad, la primera mujer en presidir Brasil juega esta tarde una carta de último momento en el máximo tribunal de Justicia.