Una comisión de reforma policial conformada hace dos meses en Honduras ya ha hecho avances significativos para depurar a las problemáticas instituciones policiales del país, según dicen los mismos miembros de la comisión.
En un evento organizado por Woodrow Wilson Center el 16 de junio en Washington, los miembros de la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional de Honduras se refirieron a sus esfuerzos para erradicar la corrupción en la institución, así como a algunos de los retos que enfrentarán en el futuro.
La comisión especial fue conformada a principios de abril mediante una medida legislativa presentada por el presidente Juan Orlando Hernández que tuvo amplia aprobación en el Congreso de Honduras. Dicha comisión se creó tras las revelaciones de que altos funcionarios de la policía nacional habían participado en un complot que llevó al asesinato de un alto funcionario antidrogas de Honduras en 2009.
La legislación (pdf) establece un plazo de 12 meses para que la comisión especial complete su misión, que implica evaluar la idoneidad de los agentes de policía y hacer recomendaciones de reformas estructurales que garanticen la integridad de la institución.
Varios participantes en el evento del Wilson Center resaltaron el enfoque vertical de la comisión para depurar la policía. Es decir, la comisión planea revisar la estructura de toda la policía empezando por sus funcionarios de más alto rango.
Según una presentación (pdf) realizada por el secretario de la comisión, Jorge Machado, el organismo ha evaluado a los 272 miembros de mayor rango de la policía, y ha despedido, suspendido o aceptado la renuncia voluntaria de 110 de los funcionarios —de los cuales cerca del 40% están siendo evaluados—.
Sin embargo, a quienes permanecen en la institución no se les ha dado un “cheque en blanco”, dijo Machado.
“Van a continuar siendo evaluados con tests de confianza y serán sujetos de escrutinio público”, señaló, refiriéndose a una nueva plataforma llamada “Honduras Denuncia” que les permite a los ciudadanos reportar las malas conductas de la policía directamente a la comisión especial.
En los casos en que los oficiales son retirados de sus cargos por presuntos crímenes, la comisión prevé referirlos a otras autoridades. “Como no somos investigadores criminales, ni fiscales, ni jueces, vamos a terminar nuestro trabajo enviando los expedientes a las autoridades competentes para que ellas actúen”, dijo Omar Rivera, uno de los miembros de la comisión.
“Tenemos que crear un mecanismo para que la policía resultante de esta institución no sea un peligro para la ciudadanía”, agregó Vilma Morales, otra de las integrantes de la comisión.
Carlos Hernández, quien se desempeña como asesor de la comisión, apoyó la opinión de Morales, y le pidió a la Fiscalía que cree una unidad especial que se encargue de los casos de oficiales que son retirados de la institución. “No podemos tratar esto como casos aislados”, dijo Hernández. “Tiene que ser algo exhaustivo”.
Los participantes también destacaron el hecho de que la comisión sea independiente de la policía como un factor clave que diferencia su trabajo del de anteriores esfuerzos de reforma policial. “No habrá ninguna posibilidad de reforma exitosa mientras no haya un proceso de purga primero”, dijo Rivera.
“Porque eso sólo agranda el problema, invertir recursos, promover procesos que fortalezcan las capacidades de una organización conformada por personas que no son idóneas”. Además, los participantes destacaron la importancia de la reforma policial, dados los complejos retos que enfrenta Honduras.
“Tenemos el compromiso de fortalecer la capacidad institucional [de la policía] para que pueda cumplir con su papel en una nueva etapa en donde la participación de los ciudadanos va a ser fundamental para garantizar el pleno goce de los derechos ciudadanos”, dijo Rivera.
El ministro de Seguridad, Julián Pacheco, quien además es director de la comisión, dijo que la reforma de la policía permitirá que los militares se retiren de su polémica participación en operaciones de seguridad pública. “En la medida en que recuperemos los espacios con más policías, con más capacidad, con más técnicas, con más conocimiento, entonces la policía tendrá que desaparecer de ese escenario”, dijo.
Análisis de InSight Crime
Es importante tener en cuenta, sin embargo, que Honduras continuará enfrentando retos relacionados con sus esfuerzos de reforma policial en el futuro. Un asunto importante es cómo las autoridades remplazarán a los oficiales que han sido despedidos de la institución.
Según documentos distribuidos entre los asistentes al evento del Wilson Center, el gobierno de Honduras planea entrenar a más de 22.000 nuevos agentes de policía en los próximos seis años. Teniendo en cuenta la purga que se está adelantando, así como las tasas de desgaste normal, se espera que dicha iniciativa prácticamente duplicará el número actual de agentes de la institución, que pasaría de alrededor de 14.000 a más de 26.000 agentes hacia 2022.
Como es de esperarse, este ambicioso plan de reclutamiento y entrenamiento será costoso; el gobierno estima que aumentará el total de gastos del Ministerio de Seguridad en unos US$359 millones, un aumento del 129 por ciento del presupuesto de 2016. Por otra parte,otros ejemplos de iniciativas similares de contratación tras las purgas de la policía han demostrado que encontrar y retener candidatos calificados a menudo es más difícil de lo que parece.
Además, como lo reconocen los miembros de la comisión, la autoridad de la entidad como tal es limitada. Solamente puede investigar los casos de corrupción policial, mas no puede juzgarlos. La comisión tendrá que recurrir a la cooperación de funcionarios judiciales hondureños, que pueden resultar ser políticos renuentes a judicializar ciertos casos.
No obstante, los logros de la comisión especial hasta el momento sugieren que el gobierno hondureño está tomando bastante en serio esta nueva reforma policial. Si el esfuerzo finalmente resulta exitoso, podría proporcionar un modelo para otros países de la región que buscan mejorar sus instituciones de seguridad pública.