Por oponerse a proyectos mineros, agroindustriales o eléctricos depredadores del medio ambiente o de los derechos de tierra de pueblos indígenas fueron asesinadas 185 personas en 2015; eso es, una cada dos días y un 59% más que en 2014.
Según un informe alarmante que publicó hoy la organización Global Witness, cuya sede se encuentra en Londres.
De acuerdo con el informe, Brasil resultó el país más peligroso para los ecologistas, ya que 50 de ellos fueron asesinados el año pasado, sobre todo en los estados de la Amazonia. Le siguen las Filipinas y Colombia, con 33 y 26 activistas asesinados. Con cuatro casos registrados, México formó parte de los 16 países en los que se registraron asesinatos de activistas.
“Muchos de los asesinatos documentados ocurrieron en pueblos remotos o lejanos en los bosques lluviosos” planteó la organización, al precisar que “nuestros datos están probablemente subestimados”. Añadió que “cerca del 40 por ciento de las víctimas eran indígenas”.
El informe señaló la complicidad de las autoridades del Estado en 97 de los crímenes documentados: en 16 casos, los asesinos eran integrantes de grupos paramilitares; en 13 casos eran militares; en 11 casos eran policías y en 11 más, fungían como empleados de empresas de seguridad privada.
“Hubo escasa evidencia de que las autoridades investigaron a fondo los crímenes o tomaron acciones para que los perpetradores rindan cuentas”, aseveró el documento, al señalar que los pueblos indígenas enfrentan solos a empresas con capital extranjero, “muchas veces respaldadas por el Estado”.
En 2015 fueron asesinados 42 opositores a proyectos mineros, mismos que los gobiernos suelen promover como “factores de desarrollo”, ya que atraen inversiones extranjeras. En Filipinas, por ejemplo, el 97% de las inversiones en minería provienen de Estados Unidos, Canadá, China y Japón.
Otros 20 activistas fueron asesinados a raíz de su oposición a proyectos agroindustriales el año pasado, mientras que la lucha contra proyectos de presas hidroeléctricas costó la vida a 15 personas, “principalmente en Honduras, Guatemala y México”, señaló el documento.
Morir en defensa de la naturaleza:
La ecologista hondureña, Berta Cáceres fue asesinada el pasado 2 de marzo en La Esperanza, un año después de recibir el Premio Medioambiental Goldman por la lucha que libró contra el proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca, el cual amenazaba con privar las comunidades indígenas Lenca del acceso al río Gualcarque.
Otros 15 ecologistas perdieron la vida por pelear contra proyectos de deforestación, y 13 más por enfrentar a cazadores.
“La sobrevivencia de la cultura de los pueblos indígenas está amenazada”, advirtió el informe, al recordar que una quinta parte de los territorios del mundo son territorios indígenas y se encuentran “generalmente en áreas relativamente intocadas donde recursos naturales de alto valor se ven destinados a la explotación”.
“Para cada vida perdida, muchas más están siendo arruinadas por la violencia vigente, las amenazas y la discriminación”, deploró la organización, que registró mil 176 casos de asesinatos de ecologistas y defensores de la tierra desde 2002.