Después de semanas de rumores, desmentidos y una catarata de opiniones de toda clase de políticos en Japón, se da por hecho que el emperador está completamente decidido a abdicar. A sus 82 años, Akihito, el eslabón número 125 de la dinastía reinante más antigua del planeta, siente que le faltan las fuerzas para seguir asumiendo mucho más tiempo la pesada carga de la jefatura del Estado.
La radiotelevisión pública del país del sol naciente, la NHK, informó este jueves de que a principios de agosto el emperador transmitirá a sus súbditos ese mensaje. Y se cree que la Agencia de la Casa Imperial -el organismo responsable de todo cuanto tiene que ver con la familia real- ha previsto que Akihito protagonice una excepcional intervención televisada en la que reflexione sobre el papel de la Corona y deje entrever la necesidad de que su primogénito y sucesor, el príncipe Naruhito, le releve en sus responsabilidades. Un mensaje milimétricamente medido en el que no se escucharía de boca del emperador la palabra abdicación. Por la sencilla razón de que las leyes actuales no contemplan esa posibilidad.
Al parecer, el anciano monarca llevaría al menos un lustro haciendo partícipes a sus más íntimos de su deseo de renunciar al trono, pero habría ido posponiendo la decisión por la crisis inevitable que suscitará un acontecimiento así y por la necesidad de acometer para ello cambios legislativos de calado. Pero la salud del emperador se resiente.
Y, además, todo apunta a que considera que para la monarquía nipona será bueno un proceso de cierta modernización en línea con lo que ha ocurrido en otros países del mundo, como Holanda, Bélgica, España o Qatar, en los que las abdicaciones reales han dado un nuevo impulso a la institución. Si el mensaje de su renuncia encubierta se acaba produciendo -los medios japoneses barajaban este jueves una fecha en torno al 8 de agosto-, al Gobierno y al Parlamento no les quedará más remedio que ponerse a continuación manos a la obra para alumbrar una norma con rango legal de abdicación, la reforma más importante en la institución regia desde hace seis décadas.
Normas imperiales
La Ley de la Casa Imperial en vigor fue promulgada en 1949, apenas dos años después de que se aprobara la actual Constitución del país, una carta magna pacifista que le fue impuesta por Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial y que redujo a la mínima expresión el papel del emperador. La Ley no contempla la renuncia al trono y sólo regula los supuestos de regencia en caso de que el soberano sufra temporalmente una grave enfermedad física o mental, que le impida desarrollar su labor.
Este asunto genera un encendido debate porque hay que retrotraerse dos siglos para toparse con la última abdicación en el Trono del Crisantemo: la del emperador Kokaku, en 1817. Y los sectores políticos más conservadores no sólo no ven con buenos ojos la posibilidad de que un monarca renuncie, sino que desde hace años tratan de imponer algo así como una contrarreforma en la instituciónpara devolverle algunos formalismos arcaizantes. Y eso que estamos hablando de la monarquía reinante que conserva las tradiciones más añejas de todo el planeta y se debe a toda una serie de ritos y ceremoniales cotidianos fatigosos para los mismos miembros de la dinastía.
La Ley de abdicación deberá ser discutida, en primer lugar, en el seno del Consejo de la Casa Imperial, del que forman parte entre otros el primer ministro. Conocida es la resistencia en esta institución a acometer cambios modernizadores, como se comprobó en 2005 cuando se planteó la necesidad de abolir la ley sálica para permitir que una mujer suba al trono. Hacía 40 años que no nacía ningún varón en la familia imperial y la preocupación social empujaba a adoptar esa medida. Sin embargo, el inesperado nacimiento del príncipe Hisahito -hijo del segundo vástago de los emperadores- le convirtió automáticamente en el sucesor de su tío, el príncipe heredero, lo que acabó con el sueño de quienes ansiaban el fin de la discriminación femenina en la más alta institución del Estado.
Tras la resolución del Consejo de la Casa Imperial, el Gobierno deberá aprobar un proyecto de ley, que habrá de ser respaldado por la mayoría del Parlamento. Sólo tras este complejo proceso Akihito podría hacer realidad su deseo de jubilarse. Es probable que los legisladores nipones se fijen en lo que sucedió en España en 2014, cuando abdicó el Rey Juan Carlos y hubo que aprobar una ley exprés en el Congreso que hiciera posible una renuncia que tampoco estaba legalmente contemplada.
Aunque el emperador no ejerce un papel político, su estatus le obliga a atender una cargada agenda cada vez más incompatible con su salud. En 2003 se le diagnosticó un cáncer de próstata, que superó tras un duro tratamiento. Y en 2012 fue sometido a una operación de bypass coronario. Pese a los signos de evidente debilidad, sigue realizando más de 200 audiencias al año y protagonizando viajes de Estado en los que despliega una diplomacia de paz que contrasta con la política cada vez más belicosa del actual primer ministro, Shinzo Abe.