El juez, Miguel Ángel Gálvez se ha convertido en la peor pesadilla del expresidente de Guatemala Otto Pérez Molina, después de que el miércoles lo haya sometido a un proceso judicial por un tercer caso de corrupción conocido como ‘Cooptación del Estado’.
Destapado el pasado mes de junio por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP), en esta causa se investigan 450 contratos públicos que se efectuaron a cambio de cuantiosas comisiones que superaron los 500 millones de quetzales (62,5 millones de euros) a través de una “organización criminal” que tenía como fin saquear las arcas del Estado.
Así, el magistrado ha imputado a Pérez Molina los delitos de cohecho pasivo y lavado de dinero, al igual que a la ex vicepresidenta del Gobierno, Roxana Baldetti. No obstante, no les ha imputado los delitos de asociación ilícita y enriquecimiento ilícito, tal como solicitaba el MP.
Tras conocerse la decisión del magistrado, Pérez Molina ha destacado el hecho de que Gálvez “haya tomado en cuenta los argumentos de los abogados” y haya decidido no imputarle por los delitos de asociación ilícita y enriquecimiento ilícito. Asimismo, ha esperado que el juez decida en los próximos minutos dejar a la mayoría de imputados en libertad, de forma que la cárcel preventiva sea una “excepción y no la regla”. Además, ha mostrado su “alegría” por el hecho de que no hayan sufrido un proceso las 57 personas que el MP pedía que se imputara.
De este modo, el juez ha dictado un auto de procesamiento contra otros 51 ex altos cargos públicos, empresarios y abogados por distintos delitos, entre los que se encuentran cohecho pasivo, lavado de dinero, como asociación ilícita, financiamiento electoral ilícito y cohecho activo.
Entre ellos, se encuentran el ex ministro de Gobernación Mauricio López Bonilla, los ex ministros de Defensa Manuel Ambrosio y Ulises Anzueto y el ex ministro de Agricultura Edín Barrientos. El magistrado solo ha considerado que existía “falta de mérito” para imputar a otras cuatro personas para quienes el MP solicitaba que también fueran ligadas a proceso, de las cuales una de ellas se encontraba hasta ahora en prisión.