El mandatario anunció que el paso fronterizo se abrirá para las personas de manera ordenada, controlando quién entra y quién sale.
“Lo que vamos a hacer es abrir la frontera en forma gradual”, dijo Santos en la ciudad venezolana de Puerto Ordaz, al explicar que los cinco cruces pactados estarán operativos durante 15 horas diarias.
Los mandatarios acordaron la reapertura peatonal de la frontera desde el sábado 13 de agosto de 5:00 a.m. a 9 p.m. hora Colombia. “Será una apertura transitoria mientras vamos aprendiendo y acoplando las decisiones para que cada paso que demos sea certero, positivo”, añadió Santos.
Maduro señaló por su parte que se trata de una “primera fase de apertura”, y llamó a “hacer todo lo posible para que sea exitosa” y crear así las condiciones de una “nueva frontera de paz”.
La zona limítrofe fue cerrada el 19 de agosto de 2015 por orden de Maduro, a raíz de un ataque armado contra una patrulla militar venezolana que dejó tres heridos y atribuyó a paramilitares colombianos.
Santos, quien se encargó de exponer los acuerdos, dijo que el tema prioritario sigue siendo la seguridad, para lo cual, recordó, a comienzos de esta semana se activó una instancia binacional de lucha contra el crimen organizado.
“Es muy importante porque va a facilitar que el resto de la frontera pueda fluir tranquilamente”, sostuvo.
El presidente Santos también anunció un intercambio de información aduanera para enfrentar el contrabando de combustible, uno de los motivos que adujo Maduro para el cierre.
En tanto, los dos gobiernos seguirán evaluando una apertura gradual para el transporte de carga. Maduro abogó, asimismo, por “un nuevo comienzo de las relaciones económicas y comerciales”, señalando que ya están definidas las “fórmulas para reactivar” ese nexo.
Los presidentes anunciaron estas medidas tras evaluar un informe que les presentaron sus equipos, que se reunieron en 14 oportunidades antes de la cita de este jueves.
El territorio limítrofe, de 2.219 km, está afectado desde hace varios años por el contrabando y bandas criminales ligadas al narcotráfico, según las autoridades. Inicialmente, Maduro ordenó clausurar el paso por Táchira, pero la medida se extendió luego a otros estados fronterizos.
En una reunión de cancilleres la semana pasada en Caracas, se resolvió la creación de una cédula de identidad especial para los residentes de la frontera, así como un aumento de los controles de seguridad. La cooperación en ese frente había quedado en suspenso tras el cierre.
Con miras a la normalización fronteriza, los dos países también analizan instalar gasolineras venezolanas en el lado colombiano, dijo Santos.
Sobre esos expendios la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, explicó previamente que fue un planteamiento de su gobierno y consiste en vender la nafta venezolana -la más barata del mundo- en pesos colombianos.
El cierre de la frontera crispó las relaciones bilaterales, tras la deportación y éxodo de miles de colombianos por parte de las autoridades del país vecino.
Según cifras de Naciones Unidas citadas en un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), desde el 21 de agosto al 9 de septiembre de 2015 un total de 1.482 colombianos indocumentados fueron deportados, mientras que 19.952 retornaron por miedo a ser expulsados.
También salieron debido a que, por su condición migratoria, ya nos les vendían alimentos y sufrían “discriminación y persecución” por parte de autoridades, de acuerdo con el reporte.
La CIDH denunció en esa oportunidad una crisis humanitaria y violaciones de derechos de los deportados, lo que fue rechazado por Caracas. El pasado 5 de julio, unas 500 mujeres forzaron el cruce de la frontera para comprar en Colombia alimentos y productos básicos, en grave escasez en Venezuela.
Tras ese episodio, el gobierno autorizó el paso tres veces más, lo cual fue aprovechado por decenas de miles de personas para aprovisionarse, especialmente en Cúcuta.
La patronal Fedecámaras asegura que el cierre de los corredores limítrofes ocasionó la quiebra de muchos comercios venezolanos fronterizos, con la pérdida de al menos 15.000 empleos.