Una hondureña que huyó de la violencia de su país ha demandado al gobierno de Estados Unidos por los cuatro meses que estuvo detenida con su hijo tras cruzar la frontera ilegalmente y por el supuesto maltrato que recibió en un centro de detención para familias.
Suny Rodríguez Alvarado, de 40 años, asegura en una demanda presentada en la corte federal de Nueva Jersey, que ella y su hijo Angelo, de ahora nueve años, fueron retenidos ilegalmente, presionados a menudo a firmar papeles para ser devueltos a Honduras, mantenidos en cuartos con muy bajas temperaturas y sometidos a un estrés que les provocó sufrimiento sicológico.
“Estoy demandando por tanta injusticia que pasé en el centro de detención”, dijo Rodríguez a The Associated Press. “Me hacían firmar mi deportación, era un acoso constante.
Emocionalmente me trataron muy mal”. Rodríguez espera recibir compensación económica por los abusos cometidos, dice la demanda, que señala que el monto se estipulará en el juicio.
Portavoces del Departamento de Seguridad Interna no respondieron a un mensaje de Associated Press solicitando una reacción a la querella.
Se calcula que más de 67.000 menores no acompañados y aproximadamente el mismo número de personas viajando como familias desde Centroamérica fueron detenidas al cruzar la frontera ilegalmente en 2014. Desde entonces, las cifras se han reducido: desde octubre más de 16.000 menores viajando solos y más de 20.800 personas viajando como familias han sido arrestadas en la frontera, según datos federales.
La gran mayoría huyen de la pobreza y violencia que azota a sus países de origen y muchos esperan que Estados Unidos les acoja como refugiados. Sin embargo, acaban en centros de detención familiar como el ubicado en Dilley, Texas. Abogados de inmigración aseguran que la ley prohíbe su detención prolongada si éstos demuestran que huían de situaciones peligrosas.
Rodríguez llegó ilegalmente y por primera vez a Estados Unidos en 1998. Al no comparecer en la corte de inmigración, un juez ordenó su deportación, pero tras el huracán Mitch que azotó Honduras en octubre, Rodríguez recibió un estatus de protección temporal, dice la demanda.
En el 2004 la madre y el padrastro de la demandante fueron asesinados en Honduras. La hispana regresó a su país natal para investigar sus muertes. En la demanda, los abogados de Rodríguez aseguran que ésta fue hostigada por la policía hondureña porque denunció que fueron policías los que cometieron los asesinatos.
A finales del 2014 y tras denunciar a policías corruptos, Rodríguez huyó a Estados Unidos con Angelo debido a que la policía “intensificó sus abusos”, según la demanda.
Tras ser arrestada por agentes de patrullas fronterizas estadounidenses en enero del 2015, Rodríguez y su hijo fueron supuestamente presionados para firmar su deportación y después transferidos a la custodia de los agentes de Inmigración y Control de Aduanas.
Rodríguez y Angelo acabaron en el centro de Dilley donde sufrieron “intimidación y amenazas de deportación”, dice la demanda.
“Lo peor fue cuando me quisieron separar de mi hijo”, dijo la hondureña en referencia a cuando las autoridades supuestamente no le dieron pruebas de que Angelo sería enviado a vivir con su tía en Nueva Jersey.
Madre e hijo no fueron al final separados y tras demostrar que era peligroso regresar a Honduras, fueron dejados en libertad en mayo del 2015. Rodríguez vive ahora con Angelo y otros de sus hijos en Nueva Jersey y tiene autorización para residir en el país.
Esta es la primera vez que un inmigrante detenido durante meses en un centro de detención familiar de la agencia de Inmigración y Control de Aduanas lleva su caso a la corte para reclamar compensación económica, dijo Aaron Korthuis, estudiante de derecho en la Worker and Immigrant Rights Advocacy Clinic de la Universidad de Yale, que representa a Rodríguez.