El Consejo Centroamericano y del Caribe de Ministerios Públicos, integrado por diversos fiscales de Centroamérica y el Caribe, brindaron una conferencia de prensa este mediodía para expresar su apoyo a las investigaciones contra la corrupción lideradas por Thelma Aldana, jefa del Ministerio Público (MP).
El Fiscal General de Costa Rica, Jorge Chavarría Guzmán, quien también es presidente pro tempore del Consejo, manifestó que apoyan las investigaciones en contra de la corrupción, hechas públicas desde abril de 2015.
En un comunicado la entidad declaró su “apoyo incondicional a la señora Thelma Aldana, fiscal general de la República de Guatemala, jefa del Ministerio Público y Vicepresidenta del Consejo Centroamericano y del Caribe de Ministerios Públicos, en las investigaciones de corrupción que se adelantan, así como a todos los funcionarios de esta noble institución que ella representa”.
Además, el Consejo solicitó seguridad para la titular del MP y su familia. Esto derivado de que en las últimas semanas Aldana ha denunciado en diversos medios de comunicación actos intimidatorios en su contra. En tanto, Francisco Rivas, titular de la cartera de Gobernación, ha hecho de conocimiento público la existencia de planes contra la integridad física de Aldana.
La titular del MP agradeció el apoyo brindado por los fiscales y manifestó su compromiso en la lucha contra la corrupción. “Desde el MP manifestamos nuestro compromiso en la lucha contra la criminalidad y, particularmente, la lucha contra la corrupción”, indicó en la rueda de prensa.
En la conferencia Aldana también se refirió a la orden de captura girada a nivel internacional contra el expresidente del Congreso, Luis Rabbé, por su presunta vinculación en una contratación de plazas fantasmas en ese organismo.
Según dijo, se están haciendo los trámites correspondientes para ubicar al exparlamentario y consideró aconsejable ofrecer algún tipo de recompensa a quien dé información relacionada a su paradero.
MEDIDAS DE CIDH
En julio pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó al Estado de Guatemala tomar medidas cautelares para proteger a la fiscal general y a su familia.
La solicitud de las medidas se hizo luego de que se diera a conocer un supuesto plan para atentar contra la vida de Aldana, en represalia por las investigaciones del MP que han tocado a sectores con poder económico y político.
Las medidas cautelares cumplen dos funciones relacionadas con la protección de los derechos consagrados en las normas del sistema interamericano: Tienen una función “cautelar”, en el sentido de preservar una situación jurídica bajo el conocimiento de la CIDH y “tutelar” en el sentido de preservar el ejercicio de los derechos humanos.