La Misión de la ONU que se encargará de verificar el cese al fuego bilateral y definitivo entre el Gobierno de Colombia y las FARC se desplegará en territorio colombiano el 7 de noviembre, en previsión del nuevo acuerdo que prevén alcanzar ambas partes en las próximas semanas, según ha anunciado este viernes el general Javier Pérez Aquino, jefe de los Observadores Internacionales.
Unos 150 funcionarios de Naciones Unidas, que ya se encuentran en el país, garantizarán que se cumpla el final de las hostilidades pactado el pasado 23 de junio por ambas partes en La Habana y prorrogado por el presidente Juan Manuel Santos hasta el 31 de diciembre, tras el rechazo a los acuerdos en el plebiscito del 2 de octubre.
El mecanismo tripartito compuesto por el Gobierno, la ONU y las FARC trabajará en la sede central de Bogotá y en otras ocho regionales en una primera fase. A la espera de que se firme un nuevo acuerdo final -Santos ha asegurado que se dará antes de Navidad-, la guerrilla se preagrupará en 26 zonas tal y como se estableció el pasado 20 de octubre por decreto presidencial.
“Se realizarán visitas periódicas a estos lugares”, ha concretado el mando militar de Naciones Unidas, “no habrá presencia permanente como se había establecido en el acuerdo”. Es decir, la guerrilla, por el momento, no se trasladará a las zonas veredales y a los campamentos establecidos en los textos de La Habana, por lo que no contarán con la vigilancia constante de la misión.
“Reiteramos nuestro compromiso con el cese al fuego”, ha asegurado Marco Léon Calarcá, comandante de las FARC, negociador en La Habana y responsable de la insurgencia en la misión. “Acabamos de terminar nuestra capacitación, unas 300 unidades participarán en todo este proceso”.
Los guerrilleros comenzarán a desplegarse en las mismas sedes que sus pares de la Fuerza Pública y la ONU el 7 de noviembre y se atendrán al protocolo de seguridad pactado con el Gobierno el pasado 13 de octubre, documento que no se ha hecho público “para no comprometer el operativo”. Calarcá también ha explicado que han establecido “un protocolo especial y temporal para suplir ciertas necesidades”, pero no ha especificado por qué tipo de vicisitudes pasan las FARC en lo que ha denominado “zona gris”.
“Nos quedaremos en Colombia hasta que el cese sea definitivo”, ha asegurado el general Pérez Aquino, quien ha asegurado que “no hay una fecha definitiva” para la hipotética salida de la ONU. Al contrario de lo que Santos arguye desde hace semanas para presionar a los opositores al acuerdo, la ONU, el Ejército y las FARC trasladan un mensaje de tranquilidad y no creen que “la situación sea de fragilidad”.
El contralmirante Orlando Romero Reyes, delegado del Gobierno en la misión, ha recordado que ya hay en el terreno dispositivos de la Fuerza Pública garantizando la seguridad de la población civil. “La confianza y el compromiso de las partes es grande”, ha complementado Pérez Aquino. Entre sus preocupaciones no está la disidencia de la guerrilla ni la presencia de grupos criminales herederos de los paramilitares. “Nosotros solo tenemos potestad de monitoreo sobre las partes que han pactado el fin de las hostilidades, sobre el resto de grupos podemos informar para que el Gobierno actúe en consecuencia”, ha explicado.
Un mes después del rechazo en las urnas, el Gobierno de Santos y los que se oponen a los textos, encabezados por el expresidente Álvaro Uribe, acaban de cerrar las mesas de trabajo con 400 propuestas que se terminarán de debatir en La Habana con las FARC. En este tiempo, la guerrilla espera en el monte sin usar las armas y sin el dinero que llegaba de la extorsión a empresarios y campesinos, su principal fuente de financiación junto a sus vínculos con el narcotráfico.
“Para enero esperamos tener unos 400 observadores internacionales en Colombia y así finalizar la fase logística”, ha dicho Pérez Aquino. La misión no ha detallado por el momento en cuántas fases se irán incorporando los nuevos funcionarios. El objetivo es que haya presencia internacional en Bogotá, las ocho sedes regionales y las otras 27 locales. Para principios de año, los responsables del mecanismo de verificación esperan que haya un nuevo acuerdo y así poner en marcha la segunda fase: el establecimiento de los lugares de concentración definitivos donde las FARC tendrán que entregar el armamento que poseen.
