El documento costará cinco euros y pretende combatir el terrorismo y la migración irregular
Europa endurece el acceso a sus fronteras por el terrorismo y la crisis migratoria. Los ciudadanos de terceros países no sujetos a visado que quieran viajar al área Schengen deberán obtener un permiso previo que permite a las autoridades comprobar si representan una amenaza para la seguridad del espacio de libre circulación. También detectar posibles migrantes irregulares.
Será un documento similar al que exige Estados Unidos a los europeos para entrar a su territorio y costará cinco euros, según el proyecto que ha presentado este miércoles la Comisión Europea.
Pese a la urgencia que ha invocado Bruselas para acelerar todas las medidas de seguridad en la UE, el sistema no estará listo antes de 2020. Primero deben aprobarlo el Consejo Europeo y el Parlamento y después habrá que aplicar las reformas técnicas necesarias para activarlo. Este nuevo requerimiento solo afectará a los ciudadanos que no tengan obligación de sacar visado para visitar Europa (por ejemplo los estadounidenses). En total representan entre 30 y 40 millones de personas al año. Para el resto (por ejemplo los turcos o los rusos), seguirá funcionando el visado, que implica más trámites y controles que el nuevo documento europeo, de nombre ETIAS.
“Sabremos mucho más de quienes vienen a nuestras fronteras sin dificultar su viaje”, ha destacado el comisario de Migración, Dimitris Avramopoulos, durante la presentación del plan. Esta especie de visado exprés, que no incluirá datos biométricos, durará cinco años y de él quedarán exentos los menores de 18 años. El documento será imprescindible para viajar y los guardias de frontera impedirán el tránsito a quien no lo lleve en los accesos aéreos, marítimos y terrestres. Las aerolíneas y otras empresas transportistas tendrán la obligación de exigirlo, salvo las compañías ferroviarias (que tampoco piden siempre el billete antes de subir al tren).
Datos personales
Quienes deseen viajar a los 26 Estados del área Schengen (22 de la UE más Suiza, Noruega, Islandia y Lichtenstein) deberán rellenar por Internet un formulario con 27 preguntas (datos personales sobre su identidad, su formación, los motivos del viaje…). Bruselas defiende que en la mayoría de los casos (el 95%) el permiso se otorgará instantáneamente, apenas unos minutos después de haberlo solicitado, a través de un correo electrónico. Una mínima parte de las peticiones se podrán demorar más, pero todas deberán procesarse en un máximo de dos semanas.
La información proporcionada en este formulario se contrastará con prácticamente todas las bases de datos que tiene la UE, incluidas algunas que no se emplean ahora para esos fines, como la de Europol (agencia europea que lucha contra el terrorismo y el crimen organizado) y la de antecedentes penales (Ecris). La base policial de Schengen, la de huellas dactilares de demandantes de asilo (Eurodac) y la de pasaportes perdidos o robados de Interpol también figuran entre esos archivos (12 en total).
El proyecto, que no tiene fin recaudatorio, permitirá ingresar cada año más de 100 millones de euros, aunque el coste de funcionamiento asciende a 80, explican fuentes comunitarias, y su puesta en marcha exige un desembolso anticipado de 212 millones. El nuevo sistema disgusta a algunos grupos, que critican el almacenamiento de datos (se guardarán durante cinco años) para un fin poco claro. “Lo que hace falta es el intercambio rápido de datos relativos a los sospechosos y a las personas que representan un riesgo elevado. El nuevo sistema no resolverá ese problema”, argumenta en un comunicado Eva Joly, eurodiputada de Los Verdes.