Tegucigalpa/Washington – La Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras de la OEA reconoció el apoyo del Gobierno, así como del Congreso Nacional, el Poder Judicial y el Ministerio Público en su objetivo de “consolidar una Política Anticorrupción”.
En su primer informe hecho por la misión ante la Organización de Estados Americanos (OEA), por sus primeros seis meses de labores, se destaca que la MACCIH busca “construir el modelo hondureño de lucha contra la corrupción”.
Igualmente se destaca en el informe que la Misión “no suplanta la institucionalidad hondureña” y destaca que “tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial son los encargados de desarrollar sus competencias constitucionales”.
La MACCIH señala a la OEA que son los “fiscales hondureños quienes llevarán a cabo la acusación criminal contra los imputados por delitos de corrupción; y un tribunal de sentencia hondureño será quien emita el fallo que condene a los culpables de delitos de corrupción”.
En el informe de labores elevado al secretario general de la OEA, Luis Almagro, así como al Consejo Permanente de la organización, valoró las decisiones adoptadas por el Estado de Honduras para contar con mejores herramientas que combatan la corrupción y la impunidad.
En ese sentido en el informe se destaca el apoyo de parte del estamento gubernamental hacia el grupo de apoyo, aunque propone que se deben identificar los “desafíos que aún persisten” en algunas personas e instituciones que generen “resistencias a estos cambios”.
LA MACCIH trabaja en la construcción de las investigaciones de “casos complejos de corrupción seleccionados”, aclarando que “no puede no va a trabajar en todos los casos de corrupción del país”.
Asimismo, se trabaja con el Poder Judicial para mejorar los procesos y reducir con ello las “demoras que hay en la judicialización de estos casos”.
Igualmente el informe de labores destaca que la MACCIH “determinó de modo autónomo participar con el Ministerio Público en las investigaciones del caso del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), trabajando en los 47 casos en investigación y 15 judicializados”.
La Misión tiene cinco objetivos, ocho líneas de acción y cuarenta y seis funciones, las cuales están agrupados en cuatro divisiones temáticas: Prevención y combate a la Corrupción, que cuenta con fiscales, jueces y expertos internacionales que a la vez seleccionarán y certificarán a los jueces, fiscales y policías naciones que trabajarán pata desmantelar las redes de corrupción, destaca el documento.
En la Reforma de la Justicia Penal se busca cambio en la justicia, buscando la eficacia en la persecución del delito y reducir la mora judicial, el afianzamiento de la independencia de jueces.
También está la Reforma Político Electoral que trabaja en la elaboración de la ley y normativa del financiamiento, transparencia y fiscalización de los partidos políticos, a fin de evitar que el flujo de los capitales ilegales a las campañas políticas.
En Seguridad Pública se busca trabajar junto al Ministerio Público en implementar las recomendaciones identificadas en el informe de evaluación del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.
La Misión destaca que Honduras ha tenido varias iniciativas en contra de la corrupción, como el Plan de Gobierno Abierto, Plan de Nación, Visión de País, así como la Alianza para la Prosperidad que tienen en sus puntos varios temas anticorrupción y transparencia.