CARACAS.- El vicepresidente venezolano Tareck El Aissami denunció el sábado que las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro y el Tribunal Supremo de Justicia forman parte de un plan para causar inestabilidad emocional en la población y promover ante el mundo que Venezuela está sumida en el caos con el fin de justificar un golpe de Estado.
En declaraciones difundidas por la televisión estatal, el vicepresidente denunció que el supuesto “plan golpista” buscaría difundir la idea ante instancias internacionales que en Venezuela existe una ruptura del hilo constitucional y que Maduro reprime a su pueblo.
“Se trata de un plan para tratar de generar una neurosis colectiva y venderle al mundo que, en Venezuela, en medio del asueto de Semana Santa, se está incendiando el país” en rechazo al gobierno, “y resulta que el pueblo hoy está disfrutando de los destinos turísticos”, insistió El Aissami.
“Aquí hay un gobierno alerta, firme, de pie, defendiendo nuestra democracia… quienes tengan algún tipo de diferencia con nuestro modelo y gobierno pueden perfectamente recurrir a las vías constitucionales y no imponer lo que han intentado hacer, que es un golpe de Estado”, agregó.
Las manifestaciones casi diarias durante más de dos semanas contra el gobierno y el Tribunal Supremo han dejado cinco muertos, además de varias decenas de heridos y 117 detenidos en todo el país, de acuerdo a cifras oficiales.
La actuación de los cuerpos de seguridad, en tanto, ha sido cuestionada por organizaciones humanitarias, opositores y por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, que han acusado al gobierno de excederse en la contención de las protestas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos exhortó esta semana al Estado venezolano a respetar y garantizar las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos políticos, la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica.
Las protestas comenzaron el 30 de marzo luego de dos sentencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en las que asumió las competencias legislativas de la Asamblea Nacional y limitó la inmunidad de los diputados.
Posteriormente el máximo tribunal revirtió las sentencias, pero los cuestionamientos internacionales y las protestas se mantienen en reclamo de la realización de elecciones generales, la remoción de los magistrados del máximo tribunal, la liberación de los presos políticos, la apertura de un canal humanitario para recibir alimentos y medicinas y el respeto al Congreso.
Desde que la oposición asumió el control del Congreso en enero de 2016, la primera vez que lo lograba en 17 años, se inició una pugna entre los poderes públicos.
Durante los 15 meses que han pasado desde entonces, la Sala Constitucional, señalada de estar controlada por el gobierno, ha emitido 56 sentencias para anular las leyes aprobadas por la mayoría opositora y limitar las competencias del legislativo.
Las protestas se dan en medio de un contexto de una crisis económica dominada por una inflación de tres dígitos, una severa escasez de alimentos, medicinas y otros bienes básicos, y una fuerte recesión.