BRASIL..- El expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva concluyó su declaración ante el juez federal Sergio Moro en calidad de imputado, por un supuesto caso de corrupción relacionado con la trama destapada en Petrobras.
Lula prestó declaración durante cinco horas en los juzgados federales de Curitiba por la supuesta propiedad de un apartamento en el balneario paulista de Guarujá que figura en los registros a nombre de la constructora OAS.
Sin embargo, según las acusaciones, el verdadero propietario sería Lula, que lo habría recibido a cambio de “favores” hechos desde el poder a esa constructora, una de las implicadas en la red de corrupción.
La llegada de Lula a Curitiba para prestar declaración estuvo rodeada de un gran dispositivo de seguridad, con la presencia de unos 3 mil agentes (entre policía municipal, regional y federal), de los que mil 700 eran policías militarizados que establecieron desde la pasada madrugada un perímetro de seguridad alrededor del tribunal ante la presencia de simpatizantes y detractores del líder político.
Cerca de 10 mil simpatizantes de quien fue presidente de Brasil entre 2003 y 2010 se concentraron en la céntrica plaza Santos Andrade para mostrar su apoyo a Lula.
Según la Secretaría regional de Seguridad Pública, al menos 128 autocares llegaron a Curitiba en las últimas horas, en su mayoría para expresar su apoyo al exmandatario.
Quien también viajó hasta Curitiba fue la expresidenta Dilma Rousseff, destituida del cargo hace un año por el Congreso, y que viajó en avión desde Porto Alegre (sur) esta mañana para acompañar a su antecesor en la Presidencia y padrino político.
La defensa de Lula intentó hasta el último momento retrasar la declaración del exmandatario, pero el Tribunal Superior de Justicia (STJ) de Brasil negó esta mañana el pedido.
Lula, a pesar del escándalo, aparece como el líder más valorado en las encuestas y el mejor posicionado en caso de competir por la Presidencia en 2018.
El expresidente podría llegar a ser investigado en otros seis procesos más, según solicitó la Corte Suprema con base en las delaciones de 77 ex directivos de Odebrecht que se sumaron a un acuerdo de colaboración judicial.