El juez cuarto de instrucción, Rigoberto Chicas, tomando como referencia la sentencia emitida en el caso de Monseñor Romero decidió retomar el asunto donde se dejó y ordenar a la Fiscalía definir si el proceso debe seguirse contra la persona ya imputada con carácter de procesado o contra otros a quienes no se les han formalizado cargos o no están debidamente individualizados.
EL SALVADOR. Si hubiera que nombrar uno de los casos más emblemáticos de la historia de El Salvador, de su guerra civil y uno de los que todavía “duele” a su población, ese sería el asesinato de monseñor Óscar Romero.
El religioso fue asesinado por un escuadrón de la muerte el 24 de marzo de 1980 mientras oficiaba misa y para los salvadoreños significó el inicio de un conflicto que duraría 12 años.
Un magnicidio que hasta ahora sólo había sido reconocido por un juez estadounidense que lo declaró en 2004 crimen de lesa humanidad y por la beatificación del arzobispo en 2015. Tras 37 años de aquel fatídico día, la justicia de El Salvador está dispuesta a reabrir el caso.
El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador anunció la anulación del sobreseimiento del proceso contra el capitán Álvaro Rafael Saravia, informa Almudena Bernabéu, que es la letrada española que se encargó, cuando trabajaba para el Center For Justice and Accountability (CJA), del único caso judicial sobre la muerte del salvadoreño que había habido hasta ahora y con el cual se había señalado a Saravia.
“Hace casi 14 años que mi equipo y yo llevamos un caso contra Saravia en EEUU precisamente porque no había esperanza en El Salvador”, explica la fundadora del despacho internacional Guernica 37.
“Ver algo de acción en el país, aunque aún queda mucho camino por recorrer, es sin duda motivo de cauta alegría”, añade la abogada, quien también ha seguido otros casos famosos como el de Ignacio Ellacuría, asesinado junto a un grupo de religiosos, la empleada Elba Julia Ramos y su hija de 16 años Celina, el 16 de noviembre de 1989.
El proceso en El Salvador contra los culpables se había paralizado el 31 de marzo de 1993 debido a la Ley de Amnistía que se decretó ese mismo año, por la que se perdonaban todos los hechos ocurridos durante el enfrentamiento. Sin embargo, algo está cambiando en el país centroamericano desde que su Corte Suprema declaró inconstitucional dicha normativa el 13 de julio de 2016.
Esto significa que Saravia vuelve a estar “imputado por el homicidio agravado de Romero; que la investigación está abierta y que la justicia salvadoreña va tras los jefes máximos de la estructura paramilitar que asesinó al hoy beato Romero, entre ellos, el mayor Roberto d’Aubuisson Arrieta”, publicaba ayer este diario digital, un medio de referencia por sus investigaciones.
Saravia era el único acusado del asesinato hasta el momento. Este capitán del ejército salvadoreño se encuentra en paradero desconocido y su nombre está en la lista de los más buscados de EEUU.
Saravia habría sido la mano derecha de Roberto D’Aubuisson, entonces mayor del Ejército y fundador de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), quien habría ordenado acabar con Romero y que murió a finales de los 80 con el estigma de haber sido el asesino del religioso.
Un informe de Naciones Unidas le atribuía la autoría, pero el documento también incluía al ya citado Saravia, entre otros.
Un asesinato al pueblo salvadoreño
“Asesinar a monseñor Romero era asesinar al espíritu de todo el pueblo salvadoreño”, dijo en su día el juez estadounidense que dictó sentencia sobre el asesinato de monseñor Romero. Por ello que retomar el caso sea un paso tan relevante. Fue en marzo cuando la organización Tutela Legal María Julia Hernández pidió que se reabriera para verificar lo ocurrido.
No es el único hecho de la guerra que se ha retomado últimamente. La masacre de El Mozote (1981), otro de los más significativos, también está en la agenda de la justicia salvadoreña y hasta 32 casos son los recogidos por el informe de la Comisión de la Verdad, podría volver a investigarse.
“Creo que tras la revocación de la Ley de Amnistía es clave que estas causas sean retomadas y los sobreseimientos puestos en marcha”, destaca la abogada Bernabéu. “Muchos de estos casos llevan años de absoluta inactividad lo que es un insulto y causa desesperación para las víctimas”, apunta.
El ‘caso Ellacuría’ es una de esas heridas abiertas. Precisamente, en una entrevista reciente con este diario, José Armando Pineda, presidente de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador, señalaba que los militares implicados podrían ser juzgados en el país centroamericano y recordaba que una de las cámaras de segunda instancia confirmó en abril la sentencia de 30 años de prisión para el coronel Guillermo Benavides, quien dio la orden para el asesinato de Ellacuría.
A la espera de que más casos se abran, las víctimas siguen clamando justicia en El Salvador.