La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, interpuso este jueves una acción legal contra de la Asamblea Nacional Constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro, después de que la corte suprema de justicia lo facultase a realizarla sin referéndum.
“He solicitado a la Sala Constitucional que aclare lo referido a la progresividad de los derechos humanos porque esta sentencia es un retroceso” en esa materia, declaró Ortega a la prensa en la escalinata de la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) tras entregar el documento.
Ortega recordó que un referendo validó el llamamiento del entonces presidente Hugo Chávez a la Constituyente de 1999, que redactó la actual Carta Magna, pero en el proceso convocado por Maduro -dijo- la “participación popular ha sido reducida a su mínima expresión”.
La fiscal, de orígenes chavistas y quien en los últimos días ha recibido duros ataques de dirigentes del Gobierno que la tildan de “traidora”, cuestionó que haya sido el presidente quien directamente convocara la Asamblea Nacional Constituyente.
“Igualmente hemos solicitado la aclaratoria de si perdió vigencia la democracia participativa y protagónica (…) de la letra de la sentencia parece se elimina”, agregó la funcionaria.
Ortega señaló que, según la ley, el presidente puede tener la iniciativa de llamar a una Asamblea Constituyente, pero es “al pueblo” al que le corresponde convocarla.
El fallo del TSJ, acusado por la oposición de aliado del gobierno, no menciona expresamente la consulta popular como requisito para la convocatoria ni para refrendar la nueva Constitución.
Este jueves, por segundo día consecutivo, se realiza la inscripción de candidaturas para la Constituyente, en la que la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) decidió no participar por considerar “fraudulento” el proceso con el que chavismo, asegura, busca perpetuarse en el poder.
La elección de asambleístas está prevista para finales de julio
Hace dos semanas, Ortega cuestionó el llamamiento a la Constituyente, según una carta filtrada a la prensa, al estimar que “acelerará” la crisis en medio de manifestaciones opositoras que dejan 60 muertos en dos meses.
De ese modo, ensanchó la grieta abierta tras denunciar como “una ruptura constitucional” sentencias con las que el TSJ se adjudicó temporalmente las facultades del Parlamento, único poder controlado por la oposición.