Más de 300 mil centroamericanos y haitianos que viven en Estados Unidos bajo una forma de permiso temporal ya no serán protegidos de la deportación.
Lo anterior fue expuesto por el Departamento de Estado a los oficiales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) esta semana, según The Washington Post.
Dicha información se filtró unos días antes del muy esperado anuncio del DHS sobre si renueva esa protección.
El martes, el Secretario de Estado Rex Tillerson envió una carta a la secretaria en funciones del DHS, Elaine Duke, para informarle que las condiciones en Centroamérica y Haití que habían sido utilizadas para justificar la protección, ya no requieren un aplazamiento del mismo para los migrantes, algunos de los cuales fueron autorizados vivir y trabajar en Estados Unidos durante 20 años bajo un programa conocido como Estatus de Protección Temporal (TPS).
La evaluación de Tillerson, exigida por ley, no se ha hecho pública, pero sus recomendaciones fueron confirmadas por varios funcionarios del gobierno familiarizados con el caso.
DHS tiene hasta el lunes para anunciar sus planes para aproximadamente 57 mil hondureños y 2 mil 500 nicaragüenses cuyas protecciones TPS expirarán a principios de enero.
Aunque la mayoría llegaron al territorio estadunidense ilegalmente, quedaron exentos de la deportación después de que el huracán “Mitch” devastó Centroamérica en 1998.
Sus protecciones TPS se renovaron rutinariamente desde entonces, en algunos casos después de desastres naturales adicionales y tras la inseguridad resultante.
Los funcionarios de la administración Trump han señalado en repetidas ocasiones que el programa debía ser temporal, no en una forma para que las personas se convirtieran en residentes a largo plazo.
Los burócratas añadieron que los desastres naturales de hace años no deberían usarse para extender el estatus migratorio provisional, ya que no existe la justificación inicial para ello.
La evaluación de Tillerson es consistente con los esfuerzos de la administración para reducir la inmigración a Estados Unidos y cumplir con las restricciones legales que fueron impuestas en el pasado.
Es justo decir que esta administración está interpretando la ley, exactamente como es, lo que la anterior no hizo”, dijo un funcionario de la administración al diario capitalino.
El funcionario reconoció que los países en cuestión siguen padeciendo problemas de pobreza, corrupción y violencia que, en muchos casos, han estimulado la migración ilegal.
Pero, añadió, que esas condiciones deberían abordarse de otras maneras, con el apoyo del Congreso.
Asimismo, los funcionarios señalaron que el regreso de decenas de miles de migrantes podría beneficiar a las naciones centroamericanas y a Haití, ya que sus ciudadanos regresarán con habilidades laborales, valores democráticos y ahorros personales adquiridos en Estados Unidos.
Cabe destacar que muchos de los inmigrantes tienen hogares, negocios y niños nacidos en territorio estadunidense, pero si las protecciones expiran, podrían estar sujetos a arrestos y deportaciones.