SAN DIEGO.- El Gobierno ha entregado con padres, familiares o allegados a más de 1.800 niños que fueron separados en la frontera con México, pero mantiene en la incertidumbre a otros cientos cuyo futuro no queda resuelto en el plazo dado por un juez.
A través de un documento remitido hoy a una corte federal de San Diego, California, los abogados del Departamento de Justicia informaron que 1.442 menores indocumentados entre 5 y 18 años han sido devueltos con sus padres, los cuales se hallan bajo custodia de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).
Otros 378 han sido liberados en “circunstancias apropiadas”, según consta en el documento judicial, y entregados a padres que ya no estaban bajo custodia de ICE o a algún otro familiar, lo que eleva la cifra a 1.820 menores reunidos.
Ese total, no obstante, es inferior a los 2.551 menores mayores de 5 años que según una orden del juez Dana Sabraw tenían que haber sido devueltos con sus padres antes de que finalice este jueves, tras ser separados de sus familias a consecuencia de la política de “tolerancia cero” hacia la inmigración ilegal.
El Gobierno había señalado con anterioridad que solo 1.634 menores eran “elegibles” para la reagrupación ordenada por Sabraw, quien está a cargo de una demanda planteada contra las autoridades migratorias por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).
“El plan de reunificación presentado a la corte está avanzando, y se espera que resulte en la reunificación de todos los miembros de la demanda colectiva que son elegibles para reunificación”, se lee en el escrito de hoy.
Los abogados de ACLU, sin embargo, han criticado el tono triunfalista que se desprende del informe del Gobierno.
“Claramente no se conseguirá una reunificación total, solo pedimos que sea lo más rápido posible y de forma transparente. Nuestro objetivo es que todos los niños vuelvan con sus familias”, señaló el subdirector y abogado principal en esta materia para ACLU, Lee Gerlent, en una rueda de prensa previa a la entrega del escrito.
La organización insistió que las autoridades federales entreguen el listado de las familias reunificadas para garantizar la asesoría en el proceso migratorio.
“Las familias no han tenido la oportunidad de decidir qué hacer con su futuro, si continúan con el largo proceso de petición de asilo, que harán con los niños en caso de que no puedan seguir juntos, es algo muy difícil de decidir cuando llevan separados varios meses”, comentó el abogado.
En el documento, el Gobierno cifró en 711 el número de menores que no son elegibles de reunificación, entre los cuales figuran 431 hijos de padres que ya no están en el país y otros 120 menores cuyos progenitores han renunciado a ese beneficio.
“La Administración de Trump está tratando de barrerlos bajo la alfombra al elegir unilateralmente quien es elegible para reunificación. Continuaremos responsabilizando al Gobierno y reuniremos a estas familias”, declaró Gelernt.
La Asociación Americana de Abogados para la Inmigración (AILA, por sus siglas en inglés), señaló hoy en un comunicado que han presentado declaraciones juradas a la corte en las que indican que “se obligó a los padres a firmar sus deportaciones o se les hizo creer que se reunirían más rápidamente con sus hijos si aceptaban la expulsión”.
AILA pide que se libere a “las víctimas de esta estrategia de separación familiar” a fin de darles la oportunidad de asistencia legal, además de que sean regresados a EEUU los padres deportados para reunirse con sus hijos y sus casos “sean revisados por un juez justo e imparcial”.
Organizaciones como la Conferencia de Liderazgo en Derechos Civiles y Humanos, o la bipartidista FWD.us, sumaron hoy sus críticas por el “fracaso” del Gobierno en cumplir con el plazo dado por la corte y demandaron que todas las familias separadas sean reunidas.
ACLU ha pedido a su vez otra lista de los 431 padres que no están en el país, ya sea porque fueron deportados o salieron voluntariamente sin sus hijos, para estudiar la opción más viable de reunificación, si bien la labor no será sencilla como adelantó Gelernt.
Sabraw, que esta semana calificó de “logro notable” el proceso de reunificación emprendido por la Administración, ha citado el viernes al Gobierno y a los demandantes.
Entre los temas sobre los que el magistrado deberá decidir está el pedido de ACLU de otorgar un plazo de siete días a los padres después de la reunificación, para que decidan si inician un largo y complicado proceso migratorio para quedarse en el país o regresan a sus países de origen.
El Gobierno por lo pronto se ha negado a esta petición bajo el argumento de se generarían problemas de espacio en sus centros de detención y crearía “ineficiencias” en el sistema.
Sabraw tendría que fijar además las bases para la reunificación de familias que hasta ahora no son consideradas elegibles.
Con información de EFE
