Tegucigalpa.- Los exmiembros del Consejo de la Judicatura entre ellos el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera Avilés, son enviados a la cárcel acusados de malversación de fondos públicos y abuso de autoridad, tras ser notificados del cambio de medidas por el Tribunal en Materia de Corrupción.
La portavoz del Poder Judicial, Lucia Villars, confirmó que la jueza anticorrupción suspendió las medidas cautelares sustitutivas por prisión preventiva para los exconcejales Jorge Rivera Avilés, Teodoro Bonilla, Francisco Quiroz, Celino Aguilera y Liliam Maldonado.
Señaló que en el caso del exconcejal Julio Barahona se le notificará la resolución debido a que no se presentó en el Tribnal en Materia de Corrupción porque no fue citado de la audiencia.
Los exmiembros de la Judicatura deberán guardar prisión en el Primer Batallón de Infantería, ubicado en la periferia de la capital hondureña.
El expresidente del Poder Judicial, Jorge Rivera Avilés es acusado por 60 delitos de malversación de caudales públicos y 131 por abusos de autoridad, mientras que Teodoro Bonilla por 88 delitos por malversación de caudales públicos y 14 de abuso de autoridad.
Igualmente, a Liliam Maldonado Sierra se le considera responsable de la comisión de 67 delitos de malversación de caudales públicos y finalmente a Celino Arístides Aguilera se le acusa de 78 delitos de malversación de caudales públicos y 3 delitos de uso de documentos privados falsos.
El resto de miembros del Concejo de la Judicatura como Julio César Barahona Henríquez, se le acusa de 67 delitos de malversación de caudales públicos, Francisco Quiroz por 93 delitos de malversación de caudales públicos.
De acuerdo a investigaciones, los exconcejales desviaron 13 millones de lempiras correspondientes a viáticos.
Cabe recordar, que el exvicepresidente del Consejo de la Judicatura, Teodoro Bonilla, está en prisión en el Primen Batallón de Infantería por el delito de tráfico de influencias en el caso Shalom.
Por su parte, el abogado defensor, Iván Martínez, indicó que el siguiente paso es que la Sala de lo Constitucional resuelva el recurso de amparo.
La representante legal de Rivera Avilés, Rosa Elena Bonilla, señaló que el proceso judicial no finaliza y que seguirán adelante hasta las últimas instancias hasta demostrar la inocencia de su representado.
“El proceso no ha terminado ni ha sido declarado culpable solo tiene un auto de formal procesamiento y hay que seguir adelante”, expreso la apoderada legal.
Con información de Proceso Digital
