El Gobierno del presidente Donald Trump dijo el sábado que propondría hacer más difícil para los extranjeros que viven en Estados Unidos calificar para la residencia definitiva si han recibido beneficios públicos como ayuda alimentaria, vivienda pública o Medicaid.
La regulación propuesta por el Departamento de Seguridad Nacional instruiría a los oficiales de inmigración a considerar si una persona ha recibido algún beneficio financiado por los contribuyentes para determinar si un inmigrante sería una carga pública.
La ley de inmigración estadounidense ha exigido por mucho tiempo a los funcionarios que excluyan de la posibilidad de la residencia permanente a personas que puedan convertirse en una “carga pública”, pero
las pautas vigentes desde hace casi dos décadas definen que alguien será una “carga pública” si “depende principalmente del gobierno para su subsistencia”.
Los cambios se aplicarían a quienes buscan visas o la residencia legal permanente, pero no afectan a las personas que solicitan la ciudadanía de Estados Unidos.
“Aquellos que buscan inmigrar a Estados Unidos deben demostrar que pueden mantenerse económicamente”, dijo Kirstjen Nielsen, Secretaria de Seguridad Nacional.
La regulación propuesta será publicada en el Registro Federal en las próximas semanas, dijeron funcionarios, el primer paso hacia su adopción final. El público tiene 60 días para referirse a la iniciativa y las autoridades deben considerar los comentarios enviados y podrían cambiar el reglamento antes de que se promulgue la versión final, probablemente en meses.
