El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EE UU citó este martes a declarar a tres altos cargos del Gobierno del presidente Donald Trump por la política de “tolerancia cero” implementada el año pasado, que causó miles de separaciones familiares de inmigrantes en la frontera con México.
“Creo que esta es una verdadera emergencia nacional, cuando nuestro propio Gobierno arranca a niños vulnerables de los brazos de sus madres y padres sin planes de reunirlos. Eso es abuso infantil patrocinado por el Gobierno”, dijo el presidente de ese comité, el demócrata Elijah Cummings, en el Congreso.
Todos los demócratas que forman parte del Comité de Supervisión y dos miembros republicanos, Justin Amash y Chip Roy, votaron a favor (25-11) de citar a declarar al fiscal general de EE.UU., William Barr; la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen; y el secretario del Departamento de Salud, Alex Azar.
Esta es la primera citación emitida desde que los demócratas tomaran el control de la Cámara Baja a principios de enero y prometieran supervisar de cerca las acciones de Trump.
Según un comunicado del comité, las citaciones requieren que los departamentos de Justicia, Seguridad Nacional y Salud entreguen documentos con categorías “específicas” de información sobre cada menor separado en la frontera con México.
En concreto, el comité ha solicitado detalles como el lugar donde los niños fueron recluidos, información sobre los padres, incluso si fueron deportados, así como una descripción sobre los esfuerzos para reunir a los menores con sus padres.
En las últimas semanas, los tres departamentos han enviado documentos al comité, aunque Cummings aseguró que “solo contenían información agregada”, no detallada.
Más de 2.600 menores fueron separados el año pasado de sus padres bajo la política de “tolerancia cero” de la Administración, que exigía el procesamiento penal de todos los inmigrantes adultos que fueran detenidos después de intentar cruzar la frontera sur del país.
La política del entonces fiscal general, Jeff Sessions, creó mucho malestar en la sociedad estadounidense y provocó que Trump la cancelase tres meses después de su implementación.
De acuerdo a varios estudios, la Administración ha gastado más de 80 millones de dólares en el último año para alojar, cuidar y reunir a miles de niños migrantes separados de sus padres.
Con información de EFE.
