Tegucigalpa.- Garantizar el debido proceso y acceso a la justicia a las personas privadas de libertad fue el tema planteado este miercoles, por las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INP) a funcionarios del Poder Judicial.
“Hay muchos privados de libertad que ya podrían gozar de su derecho a la pre _ liberación, pero no pueden hacerlo porque no tenemos una copia de la sentencia en su expediente”, expusó Rosa Irene Gudiel Ardón, directora del INP.
La abogada, pidió a las máximas autoridades de la Defensa Pública y Juzgados de Ejecución de la Pena, trabajar en conjunto para poder agilizar estos procesos judiciales. Además propuso retomar las auditorias penitenciarias por medio de las cuales se conoce la condición jurídica de las personas privadas de libertad.
Ofreció la colaboración por medio de los Consejos Técnicos Interdisciplinarios (CTIs), que funcionan en cada establecimiento penitenciario para que apoyen las labores de los operadores judiciales.
Por su parte, los representantes de la Defensa Publica, respaldaron la propuesta de la directora del INP y ofrecieron realizar un monitoreo para identificar cuantas personas privadas de libertad están en condición de condenados y procesados y de esta manera compartir los resultados con los Juzgados de Ejecución y el Instituto Nacional Penitenciario.
La abogada Gudiel reveló, que los miembros de los CTIs han completado los expedientes de algunas personas privadas de libertad, de las cuales ya se conoce la condición jurídica, pero “es necesario que esta información la tengamos a nivel nacional y eso es lo que esta haciendo el personal del INP”.
Clasificación
La funcionaria adelantó a los operadores de justicia, que se trabaja en la clasificación de los internos (ya condenados), que serán trasladados al Centro Penitenciario Agro-Industrial ubicado en el municipio de La Acequía, en el departamento de Santa Bárbara.
“Al Instituto Nacional Penitenciario le interesa rehabilitar con mayor énfasis a la persona condenada, para evitar que reincida en la comisión del delito al quedar en libertad”, sostuvo.
Aseguró, que con la habilitación del establecimiento penitenciario se logrará reducir el hacinamiento, facilitando los procesos de reeducación y rehabilitación, ya que los centros penales tendrán espacio disponible, el cual se puede acondicionar para aulas o talleres.
Gudiel recordó, que el presidente Juan Orlando Hernández ha hecho énfasis en la reeducación, rehabilitación y reinserción social de las personas privadas de libertad, tarea que es de todos los involucrados en la materia penitenciaria.
En el presente año un total de 4,372 privados de libertad se han matriculado para estudiar su educación primaria, ciclo común y bachillerato.
