El gobernador del estado de Arizona, Doug Ducey, promulgó hoy una ley que despoja a los inmigrantes indocumentados sentenciados por algún delito de sus derechos a la libertad condicional, entre otras severas previsiones.
La ley también obliga a los indocumentados que purguen sentencias a cumplir casi la totalidad de sus condenas antes de poder dejar la cárcel.
Ducey firmó la iniciativa HB 2451 en una ceremonia, y también promulgó un paquete de otras 16 leyes que comprenden temas como el financiamiento de campañas políticas y regulaciones en la práctica del aborto.
Esta última previsión legal establece la imposibilidad de investigación en fetos abortados y regula la medicación para esta práctica. El republicano Ducey dijo que “este proyecto de ley se trata de la equidad y de otorgar a todo el mundo el mismo estándar de justicia mediante la eliminación de una política que actualmente se traduce en dos sistemas de justicia”.
Añadió que “si se viola la ley y se comete un crimen en Arizona, esperamos que cumplas tu sentencia, sin excepciones”. La nueva ley revoca un estatuto que permite a la fecha al Departamento de Correcciones de Arizona entregar a inmigrantes a la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) para su deportación, después de que haya servido al menos el 50 por ciento de su sentencia.
La nueva ley obligará ahora al Departamento de Correcciones de Arizona a retener a los inmigrantes hasta que cumplan la totalidad de su sentencia antes de cederlos al ICE para su deportación.
Además elimina los derechos a inmigrantes indocumentados a la libertad condicional, a la suspensión o conmutación de la pena o a la liberación bajo cualquier condición, hasta que cumplan al menos el 85 por ciento de la sentencia impuesta. El estatuto también incluye una disposición que obliga a los jueces y las cortes de Arizona a imponer la sentencia máxima autorizada para los indocumentados que cometan un delito menor.
La legislación establece igualmente que si una persona indocumentada comete un crimen y sale luego del país, el tiempo de prescripción del delito se prolongue, en consideración al tiempo que la persona permaneció fuera de Estados Unidos.
La nueva ley fue criticada por la Unión de Libertades Civiles de América (ACLU), una de las principales organizaciones defensoras de los derechos civiles en Estados Unidos.
Otros grupos pro inmigrantes también censuraron la iniciativa, al señalar que incrementaría en forma innecesaria los costos de encarcelamiento y sería una intromisión anticonstitucional en los asuntos de la autoridad federal.