Tegucigalpa. – Trato de burlar los mecanismos de inspección personal, sin imaginar que lo que transportaba al interior de su vagina seria detectado y decomisado por las autoridades del Centro Penitenciario “El Pozo”, en Ilama, Santa Bárbara.
Reina Esperanza Gonzales Franco (40), fue requerida en la cárcel de máxima seguridad en el momento en que le realizaban la inspección personal, descubriendo al interior de su parte intima un paquete conteniendo 17 billetes de 500 lempiras, sumando 8,500.
En el paquete también se encontraron tres papeles pequeños con peticiones que hacían a otros compañeros de la misma estructura criminal, pandilla 18 recluidos en otras celdas.
Autoridades penitenciarias informaron que la detenida llegó al centro penal para visitar a, Michael Ramón Rodas Caballero y al realizar el hallazgo, la mujer, el dinero y las notas fueron puestas a la orden de las autoridades competentes.
Al mismo tiempo se procedió a cancelarle el carné de visita de manera definitiva.
Las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INP) recordaron que el nuevo sistema penitenciario atraviesa una transformación total que va desde los estrictos controles de seguridad y revisiones personales para evitar el ingreso de artículos prohibidos.
A esto se suma el monitoreo permanente a través de al menos 400 cámaras de seguridad instaladas y la vigilancia que realizan los agentes penitenciarios y de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina).
Perdieron el control
Actualmente unos 2,900 integrantes de maras y pandillas guardan prisión en las cárceles de máxima seguridad. No cuentan con las libertades que tenían antes de recorrer el establecimiento carcelario, dar órdenes a sus compañeros de organización o enviar mensajes al exterior del presidio.
Con los traslados a estos centros penales, perdieron el control que tenían cuando estaban en las cárceles donde existía el autogobierno, es decir, donde ellos mandaban.
Para retornar al autogobierno han pedido el apoyo de custodios penitenciarios, los cuales han sido descubiertos y es así que en 2017, 24 fueron procesados judicialmente, diez guardan prisión en distintas cárceles, ocho cumplen medidas sustitutivas y otros están en juicio.
