La Comisión Pesquisidora del Congreso de Guatemala que investiga al magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Douglas René Charchal recomendó hoy retirarle la inmunidad y permitir que sea investigado por el caso de corrupción en la portuaria Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).
El informe, elaborado por cinco diputados, cuatro opositores y un oficialista, fue aprobado hoy y será remitido al Congreso para su aprobación o revocación en el pleno del próximo martes.
Según la investigación de la Fiscalía, basada en la declaración del colaborador eficaz en el caso TCQ y exsecretario privado de la exvicepresidenta Roxana Baldetti, Juan Carlos Monzón, Charchal colaboró en diferentes trámites administrativos para lograr la adjudicación de la ampliación de Puerto Quetzal a la empresa Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).
Supuestamente, Monzón le solicitó que se declarara a favor de la empresa un amparo que había interpuesto la Municipalidad del Puerto de San José, Escuintla, donde la compañía se encargaba de la ampliación del puerto.
Además también medió para que no se realizara un pago de 24 millones de quetzales (unos 3,2 millones de dólares) para lograr una licencia de construcción. TCQ es una compañía propiedad en un 85 % de la holandesa APM Terminals y en un 15 % de la Corporación Financiera Internacional (IFC), entidad del Grupo Banco Mundial.
Según la investigación, el expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Baldetti, en prisión por la red de corrupción aduanera “La Línea”, lideraron la estructura, por la que ayer mismo fueron procesados doce implicados.
El magistrado, quien compareció ayer ante la comisión pesquisidora, negó las acusaciones y aseguró que los señalamientos realizados por el Ministerio Público (MP-Fiscalía) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) son imprecisos y no demuestran su participación en ningún acto ilícito.
Según su declaración, no conocía a Monzón, solo lo había visto en “actos protocolarios” realizados en el Palacio Nacional de la Cultura, una de las dependencias del Gobierno ubicada en la zona 1 capitalina. El antejuicio es necesario para despojar de la inmunidad a Charchal y que pueda ser investigado para determinar si incurrió o no en un delito de “tráfico de influencias”.
La resolución de la comisión pesquisidora aprobó por unanimidad proponer la retirada de la inmunidad ya que, a su entender, el proceso no se aviene a “razones espurias o políticas”. No obstante, uno de los miembros de la comisión, Cesar Fajardo, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), aclaró que lo que se presentó contra Charchal por ahora son sólo “indicios”.
Si el Congreso aprueba definitivamente retirar la inmunidad al magistrado, el caso se trasladará a la Corte Suprema de Justicia que decidirán a que tribunal se asigna el mismo.
