Han condenado a 120 años al teniente coronel Esteelmer Francisco Reyes Girón y a 240 al ex comisionado militar Heriberto Valdez Asig
“Profanaron los cuerpos de las mujeres” violándolas, todo ello en el marco de una “estrategia para pulverizar el tejido comunitario”
Las mujeres indígenas que durante la guerra civil que asoló Guatemala sufrieron violaciones y abusos sexuales por parte del ejército han visto cómo este viernes se hacía justicia por estos hechos por primera vez en la historia de este país. La presidenta del Tribunal de Mayor Riesgo de Guatemala, Jazmín Barrios, ha condenado a 120 años de cárcel al teniente coronel Esteelmer Francisco Reyes Girón y a 240 años al ex comisionado militar Heriberto Valdez Asig. Ambos han sido condenados, en primer lugar, a 30 años de prisión por el delito contra los deberes de humanidad por la violación sexual y trato humillante y servidumbre doméstica a la que sometieron a 15 mujeres indígenas de la etnia Q’eqchi entre 1982 y 1983 en un destacamento instalado enSepur Zarco, situado entre los departamentos de Alta Verapaz e Izabal.
Asimismo, el Tribunal ha condenado a Esteelmer Francisco Reyes Girón a 90 años de prisión por ser el responsable del asesinato de una mujer y sus dos hijas menores en el mismo destacamento militar, al tiempo que ha condenado a Heriberto Valdez Asig a 210 años de cárcel por el delito de desaparición forzada de siete hombres. Ambas condenas son inferiores a las solicitadas por el Ministerio Público, que pedía 1.290 años de cárcel para el primero y 340 años para el segundo, si bien la magistrada ha explicado que no se podían aplicar en virtud al Código Penal de Guatemala.
Jazmín Barrios ha detallado que tanto los testimonios de las mujeres, como los peritajes presentados han demostrado que las víctimasfueron tratadas “peor que animales”, ya que no solo fueron obligadas a mantener relaciones sexuales con los militares bajo amenaza de muerte, sino que también “las obligaron a lavarles la ropa y a hacerles la comida sin percibir por ello ningún pago”. Así, ha indicado que mientras los hombres fueron asesinados o desaparecidos, los soldados “profanaron los cuerpos de las mujeres” violándolas sexualmente, todo ello en el marco de un “diseño estratégico para pulverizar el tejido comunitario y destruir su capacidad productiva”. La jueza ha explicado que estos crímenes y el trato “cruel e infame” que sufrieron las mujeres se produjeron a raíz de la petición que habían hecho los habitantes de esta zona de Guatemala para que las tierras que cultivaban pasaran a ser de su propiedad.
Así, ha negado que las mujeres alimentaran a la guerrilla, tal como les acusaron los militares, sino que ellas “vivían en armonía hasta que se instaló el destacamento”. En este sentido, ha apuntado que las violaciones a las que fueron sometidas las mujeres de forma continuada no perseguían solo “satisfacer las necesidades sexuales de la tropa, sino que fue parte de la guerra”.
Además, ha añadido que tras ser asesinados sus maridos, estas mujeres no tenían ningún apoyo familiar o social, por lo que la misma comunidad “las señaló”. Por esta razón, ha ensalzado la “valentía” de estas víctimas, que rompieron a llorar durante su testimonio en el juicio y a quienes las violaciones sexuales dejaron un “estrés postraumático de carácter irreversible”. La magistrada ha acusado a Esteelmer Francisco Reyes de haber permitido como jefe del destacamento la violación de todos los derechos de las mujeres “de la que también tenía conocimiento Heriberto Valdez como comisionado militar”. Finalmente, ha concluido diciendo que “delitos de esta naturaleza no se deben repetir nunca más en Guatemala”.
Los dos acusados permanecían hasta hoy en prisión preventiva desde junio de 2014 tras ser detenidos por orden del MP y el 1 de febrero fue la primera sesión del juicio que ha concluido este viernes. Durante una veintena de sesiones, la Corte Suprema de Justicia ha sido el escenario donde decenas de personas han dado su duro testimonio de las violaciones y asesinatos que se cometieron en Sepur Zarco en los años 80 y todas ellas identificaron a los dos acusados como los responsables de estos hechos. Asimismo, se conoció el testimonio de 11 de las 15 mujeres que fueron víctimas de tratos inhumanos en la base militar donde estuvieron retenidas durante seis meses, al tiempo que se presentaron 500 medios de prueba y 27 peritajes, entre ellos, el de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, que aportó osamentas y ropa de las víctimas respaldando así las acusaciones contra Reyes y Valdez.
“Se prostituyeron y no fueron violadas”
Según relataron los supervivientes durante el juicio, cuando llegó el ejército a sus tierras, comenzaron las torturas, las desapariciones y las violaciones sexuales contra las mujeres. Por su parte, el abogado de Esteelmer Francisco Reyes, Moisés Galindo, ha incidido hoy tras conocer la sentencia, al igual que hiciera ayer durante el juicio, que las mujeres no fueron violadas ni esclavizadas, sino que ellas mismas “se prostituyeron”.
“Invito a la prensa a que vaya a Sepur Zarco y pregunte a las mujeres que van a confirmar que la tesis que planteo es cierta”, ha asegurado, a la vez que ha augurado que con este juicio va a suceder lo mismo que con el de genocidio contra el ex dictador Efraín Ríos Montt, cuyo proceso fue anulado por la Corte de Constitucionalidad, pese a la sentencia a 80 años de prisión por este delito dictada por la jueza Jazmín Barrios. Al igual que en ese caso, ha señalado que “hay sentencia, pero jurídicamente no se sostiene, por lo que va a ser cuestión de tiempo que un tribunal jurídico y no político lo anule”.
El proceso se inició en marzo de 2010 tras desarrollarse el Tribunal de Conciencia Contra la Violencia Sexual hacia las Mujeres durante el conflicto armado interno de Guatemala donde varias víctimas relataron los abusos sufridos. Al año siguiente se presentó una querella penal por parte de la Alianza Rompiendo el Silencio y la Impunidad ante la Fiscalía de Izabal, mientras que en el 2012 quince mujeres y cuatro hombres que sobrevivieron prestaron declaración judicial, lo que permitió detener a los dos militares en el 2014.
Ambos declararon ante el juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, quien decidió en 2015 abrir juicio contra ellos por el denominado caso Sepur Zarco. Según la denuncia presentada contra ellos, tras instalar el destacamento militar los soldados capturaron a los hombres al considerarlos parte de la insurgencia y los hicieron desaparecer. A continuación, las viudas fueron sometidas a esclavitud doméstica, violencia sexual y esclavitud sexual durante seis meses consecutivos.
Así, las mujeres hacían turno cada tres días para cocinar y lavar uniformes militares siendo violadas en repetidas ocasiones, de forma individual y colectiva, mientras que algunas fueron inyectadas y obligadas a tomar medicinas para evitar embarazos de los soldados, según relataron los grupos querellantes, agrupados en la Alianza Rompiendo el Silencio y la Impunidad. Esta Alianza está conformada por la Unión Nacional de Mujeres de Guatemala; Mujeres Transformando el Mundo y la ECAP.
“Precedente histórico”
La presidenta y representante legal de la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas, querellante en el caso, Ada Valenzuela, ha recalcado, en declaraciones , que hoy se ha sentado un “precedente histórico no solo en Guatemala, sino en el mundo porque es la primera vez que delitos de trascendencia internacional se juzgan en un Juzgado Nacional”. Ello, según ha subrayado, supone una “gran motivación”porque las mujeres han esperado justicia por más de 30 años, durante los cuales “han resistido a la violencia y la esclavitud sexual y doméstica”.
Pese a la sentencia condenatoria, Valenzuela ha recordado que “hacen falta mucho más responsables” de la violencia sexual ejercida contra las mujeres durante la guerra civil que asoló el país centroamericano entre 1960 y 1996. No obstante, considera que Sepur Zarco “puede sentar un precedente”, al tiempo que “dignifica” a las mujeres que fueron víctimas y que siguen con su rostro cubierto “ante la inseguridad de lo que significa en este país ser víctima de la violencia sexual”.
Preguntada por el hecho de que se haya tardado tantos años para lograr una sentencia contra militares por violación de mujeres, Valenzuela lo ha achacado a la “dificultad” que supone para las víctimas hablar de lo que les pasó. “Siempre hablamos de lo que sucedió en la comunidad, de la destrucción y la desaparición en nuestras familias y poco hablamos de lo que les pasó a ellas, debido a que hablar de la violencia sexual no es fácil”, lamenta.
Por ello, la presidenta de la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas destaca que el caso de Sepur Zarco está significando abrir nuevos casos similares, como la violencia sexual que sufrieron las mujeres de Rabinal, que ya presentaron su declaración en anticipo de prueba. Por tanto, augura que la sentencia de este viernes puede abrir una posibilidad para “avanzar en la justicia en el país y poner el tema de la violencia sexual en el centro que es lo que más nos interesa en estos momentos para comprobar que fue un modo de operación del ejército de Guatemala”.
Tras conocerse la sentencia, la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, se ha fundido en un abrazo con cada una de las 11 mujeres víctimas que han asistido cada día al juicio, mientras que el público asistente gritaba que ‘Vivan las mujeres’ y ‘Justicia’, al tiempo que tachó de ‘asesinos’ a los dos condenados.