Un tribunal de El Salvador condenó a cinco agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y a cuatro miembros de la Fuerza Armada a seis años de prisión, cada uno, por torturar, amenazar y privar de la libertad a una joven, informó este viernes la Fiscalía del país centroamericano.
Los policías condenados fueron identificados como Néstor Edgardo Reynoza Mejía; José Salvador Lara Quinteros; José Luis Damián Álvarez; Hugo Antonio Landaverde Martínez y Norberto Alexander Rivera Palacios.
Mientras, los soldados responden a los hombres de José Joaquín Rivas Morales; Edwin Enrique Bonifacio Pérez; José Alfredo Munguía Gómez y Santos Alexander Mendoza Reyes, indicó el Ministerio Público.
De acuerdo con la investigación del ente fiscal, los elementos de seguridad interceptaron a la víctima, la subieron al vehículo en el que se conducían y la llevaron a un solitario lugar donde la “interrogaron y le exigieron que aceptara ser miembro de pandilla, de lo contrario la iban a matar”.
Los condenados también le ordenaron a la víctima “que se bajara el pantalón y la ropa interior” y uno de los imputados “le realizó tocamientos en su partes íntimas, mientras otro le puso una navaja en el cuello“, detalló la Fiscalía.
El hecho sucedió el pasado 22 de enero en el municipio de San José Guayabal, a unos 24 kilómetros al norte de la capital salvadoreña.
Los policías y soldados, arrestados en abril pasado, fueron procesados por el delito de tortura, privación de libertad y amenazas con agravación especial, apuntó la entidad fiscal.
Agregó que cada uno de los sentenciados deberán pagar a la víctima 1.000 dólares, en concepto de responsabilidad civil.
Según diversos informes de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), la Policía encabeza las denuncias por violaciones a derechos humanos.
Un informe de la titular de la PDDH, Raquel Caballero, de noviembre de 2018 establece que la mayoría de las denuncias están relacionadas con los derechos a la integridad, seguridad personal, trabajo y debido proceso.
La procuradora Caballero también señaló que la entidad de derechos humanos investiga 48 casos de supuestas ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las fuerzas de seguridad y otros grupos.
Estos casos de ejecuciones extrajudiciales se suman a los al menos 159 investigados desde 2013, registrados principalmente en supuestos tiroteos entre policías y pandilleros, de los que la mayoría de indagaciones en la PDDH comenzó David Morales, el antecesor de Caballero.
Diferentes organizaciones sociales han denunciado en varias ocasiones un incremento en las violaciones a derechos humanos por parte de los cuerpos de seguridad, entre las que destacan las ejecuciones extrajudiciales de supuestos pandilleros, la detenciones arbitrarias de jóvenes y la creación de cárceles clandestinas.
