San Pedro Sula.- El alcalde de San Pedro Sula (SPS), Armando Calidonio Alvarado, se presentó este martes en los juzgados de letras de los civil de la ciudad, donde compareció en la audiencia preliminar sobre la demanda por casi mil millones de lempiras que enfrenta la comuna por el arrendamiento del terreno ubicado en el barrio Medina, frente a la 8 calle, Sur Este, entre la 1 y 2 avenida, donde funciona el mercado “La Tara”.
En la audiencia, que se celebró en la Sala 4 y la cual fue suspendida y elevada a la Sala de lo Constitucional, también asistieron los miembros de la Corporación Municipal. Tras la audiencia, el jefe edilicio, precisó que continuarán defendiendo los intereses de los Sampedranos y “ya no permitiremos que las personas sigan utilizando a la municipalidad para hacerse millonarios”.
Calidonio Alvarado manifestó que “este es el tercer recurso que nos pega ya que la juez ha decidido suspender la audiencia para hacer una consulta a la Sala de lo Constitucional”. “Ya pasaron aquellos tiempo en que a la municipalidad todos les ganaban los casos. Si la gente quiere hacerse millonaria que busquen otra víctima porque la municipalidad no será, esos tiempos ya pasaron”, indicó el jefe edilicio. 
Agregó que “vamos por buen camino y en ese sentido la ciudadanía puede sentirse tranquila porque estamos haciendo nuestro trabajo que es defender los intereses de todos los sampedranos. El alcalde indicó que San Pedro Sula no está indefensa y “nosotros hemos ganado todas las demandas porque estamos haciendo las cosas correctamente y tenemos un grupo de abogado de lujo”.
El apoderado legal de la comuna, Porfirio Díaz, explicó que los demandantes solicitan el pago de las rentas vencidas, las cuales consideró inexistente, pues el contrato de arrendamiento era únicamente por un año, mismo que fue pagado por la alcaldía en su totalidad.
Este predio, el cual es utilizado por un grupo de vendedores del sector informal, fue arrendado en la administración del ex alcalde Rodolfo Padilla Sunseri en el año 2007 y cuyo contrato establece un periodo de un año, el cual ya venció.
Días indicó que los demandantes también están solicitando el pago de intereses, los cual según el apoderado legal están fuera de lo que establece el sistema financiero, “es un interés equivalente al 150 por ciento mensual, que suma anualmente mil 800 por ciento, por lo tanto es un interés ilegitimo”.
Los contratos de arrendamiento están vencidos y además pagados, por lo tanto no puede haber mora ni de interés comerciales, mucho menos moratorios, agregó. El demandante pretende cobrarle a la Municipalidad la suma de 929 millones 406 mil 700 lempiras por concepto de supuestas rentas adeudada y un recargo con un interés exageradamente alto, señaló Díaz.
La defensa municipal, presentó la excepción de prescripción ya que transcurrieron más de dos años de haberse cumplido el contrato; excepción de novación ya que el mismo contrato establecía que se pactaba una promesa de compra-venta entre los propietarios del inmueble y los representante de las asociaciones de vendedores.