El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela declaró inconstitucional una reforma a la ley del máximo tribunal que aprobó en abril la mayoría opositora de la Asamblea Nacional, con lo que cerró la posibilidad de incrementar el número de magistrados tal como aspiraba la oposición.
En nuevo episodio de los enfrentamientos entre los poderes públicos venezolanos, el máximo tribunal declaró como “inconstitucional” la reforma parcial a la ley del Tribunal Supremo de Justicia por considerar que se incurrió una “desviación de poder” y “no se cumplió con el presupuesto constitucional de la iniciativa legislativa que corresponde a este máximo tribunal”, refiere la sentencia que fue difundida este jueves en la página de internet de la Corte.
El dictamen señala que “el objetivo de la Asamblea Nacional al incrementar el número de magistrados de la Sala Constitucional a quince (15) persigue no el ‘optimizar’ el funcionamiento de la Sala… sino copar de nuevos integrantes esta instancia judicial para entorpecer la labor de la máxima instancia de protección de la Constitución, con fines claramente políticos”.
La mayoría opositora del Congreso aprobó en abril una reforma de la ley Tribunal Supremo de Justicia para incrementar de 7 a 15 el número de magistrados de la Sala Constitucional, instancia que en los últimos cuatro meses ha anulado la mayoría de leyes y decisiones del Legislativo. Las restantes seis salas del máximo tribunal – Político Administrativa, Electoral, de Casación Civil, Casación Social y Casación Penal – se mantuvieron con cinco integrantes.
La decisión del Tribunal Supremo se da dos días después que entró en vigencia un decreto del presidente Nicolás Maduro que restringió y difirió temporalmente las mociones de censura que pudiera acordar la Asamblea Nacional contra los ministros y el vicepresidente, atribución que está prevista en la constitución.
El decreto establece que la restricción sobre las mociones de censura para los miembros del gabinete estará vigente “hasta tanto cesen los efectos del Decreto de Emergencia Económica” que acordó el mandatario a inicio de año y que se amplió en marzo por 60 días más.
Maduro emitió el decreto pocos días después que la mayoría opositora del Congreso aprobó una moción de censura contra el ministro de Alimentación, Rodolfo Marco Torres, por no comparecer en el Legislativo para informar sobre la situación alimentaria de Venezuela, y solicitó su destitución.
En los casi cuatro meses de actividades del nuevo Congreso, que por primera vez en 17 años quedó bajo control de la oposición, el gobierno y el Tribunal Supremo de Justicia han mantenido constantes enfrentamientos con la Asamblea Nacional que han implicado la anulación que casi todas las leyes y decisiones aprobadas por la mayoría opositora.
La pugna entre los poderes ha elevado las tensiones políticas en medio de la compleja crisis económica que enfrenta Venezuela.