Tegucigalpa.- El Congreso Nacional discutió en su primer debate la reforma de varios artículos de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), con el objetivo de “fortalecer sus capacidad para prevenir y evitar que se cometan actos irregulares que perjudiquen el patrimonio público, evitando llegar al daño causado”.
El proyecto de ley fue presentado por el titular del Poder Legislativo, Mauricio Oliva, considerando que existe la necesidad de la aprobación de esa ley que contiene ese organismo de control del Estado.
En ese sentido, el proyecto de ley contempla que el TSC, como organismo superior del Estado, y para el debido cumplimiento de sus funciones, debe recibir la colaboración para mejorar su capacidad y eficiencia en la toma de decisiones.
Asimismo, dentro de las reformas se encuentran aquellas que se relacionan con la naturaleza jurídica del TSC, así como la necesidad de precisar su independencia administrativa, financiera y técnica.
“El TSC debe entrar en un proceso de superación institucional fortaleciendo su capacidad para prevenir y evitar que se cometan actos irregulares que perjudiquen el patrimonio público”, indicó Oliva.
Además, declaró que actualmente existe la necesidad de utilización de la normativa en apego a los cambios en la estructura organizativa del TSC y la asignación de nuevas atribuciones, nombrando, cancelando y supervisando el auditorio interno y personal.
El presidente del CN, mencionó que “conforme a la Constitución de la República, es atribución del Congreso Nacional, crear, decretar, interpretar, reformar y derogar las leyes”.
Por su parte, el magistrado presidente del TSC, José Juan Pineda, tras la entrega de esta propuesta de reformas señaló que “Van orientadas a disminuir los actos de corrupción desde el punto de vista preventivo, ya que históricamente se ha atacado estos actos con la sanción, después de cometido el hecho, pero no se previene”.
Para prevenir los actos de corrupción –agregó-, las auditorías deben ser eficientes y eficaces, con fiscalizaciones permanentes que detecten acciones ilícitas y para ello se debe de reformar los procesos de selección de los auditores.
