Washington. – El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó este jueves una demanda contra la ciudad de Chicago y el estado de Illinois, acusándolos de dificultar las labores de las autoridades de migración, incluyendo la deportación.
La demanda, presentada en una corte federal en Illinois, pide a los jueces que revoquen y califiquen de inconstitucionales las protecciones que existen a nivel estatal y local que protegen a la población indocumentada de la deportación.
La acción de este jueves es la primera que la Administración del presidente, Donald Trump, toma en contra de una Gobierno local, después de haber advertido que iría tras las alcaldías y estados que no colaboren con sus políticas de mano dura contra los más de 11 millones de personas que viven en el país sin un estatus legal.
En concreto, el Departamento de Justicia señala una ley estatal, una a nivel del condado de Cook y otra de la ciudad de Chicago que prohíben a las autoridades locales colaborar con agentes de migración, al igual que limitan la información que comparten sobre la población migrante con el gobierno federal.
Este tipo de directrices -conocidas como leyes de «ciudad santuario», vigentes en varias de las principales urbes del país incluyendo Nueva York o Los Ángeles– han contado con amplias críticas de los políticos republicanos y del actual mandatario.
«Criminales» se escudan en leyes como las de Chicago para evitar su deportación, dice el Gobierno
Las normas, argumenta las demanda, «están diseñadas para interferir y de hecho interfieren y discriminan contra la potestad del Gobierno federal para hacer cumplir la ley migratoria» de EE.UU.
Los abogados del Gobierno insistieron en que «muchos» de los migrantes indocumentados que están en EE.UU. presentan una «amenaza contra la seguridad nacional».
«Algunos de estos extranjeros encuentran un lugar seguro (…) en las llamadas ciudades santuario, donde viven y trabajan junto a estadounidenses inocentes, que luego podrían convertirse en víctimas de sus crímenes», expone el documento.
El Ejecutivo de Trump ha calificado a las personas indocumentadas como «criminales» y ha promocionado una narrativa que activistas han tildado como «xenófoba».
Lo que dice la ley
Las medidas de las ciudades «santuario» cuentan con el respaldo de gobiernos locales y organizaciones que han asegurado que fortalecen la relación entre la policía local y las comunidades migrantes, permitiendo que las personas denuncien crímenes o colaboren con las autoridades sin miedo a las deporten.
Bajo la ley estadounidense, vivir en el país sin autorización o estatus legal no es una falta criminal sino civil.
Por otro lado, cruzar la frontera sin inspección -codificado como ‘ingreso indebido’- o intentar entrar en EE.UU. después de haber sido deportado o expulsado sí está tipificado en la legislación penal: el primero como un delito menor y el segundo como un delito grave.
Múltiples estudios, incluyendo una investigación de la Universidad de Stanford que analiza datos desde la década de los 60, han encontrado que los migrantes tienen menos probabilidades de cometer crímenes o de que los condenen por un crimen que las personas nacidas en EE.UU.
Con información de EFE
