Estados Unidos está presentando una nueva facultad de restricción de visas como parte del esfuerzo para ayudar al pueblo de Guatemala, Honduras y El Salvador a mejorar sus condiciones políticas, económicas y de seguridad.
Muy a menudo, tales mejoras se topan con los obstáculos que representan la corrupción y la impunidad. La falta de gobernabilidad sólida menoscaba los talentos y los recursos de las personas guatemaltecas, hondureñas y salvadoreñas, frustra su posibilidad de forjar un futuro y motiva a algunos a abandonar sus hogares y embarcarse en el peligroso camino de la migración irregular hacia la frontera estadounidense, según declaración del Secretario Antony J. Blinken, Departamento de Estado de los Estados Unidos de América.
Explica en su declaración que, la estrategia de los Estados Unidos orientada a abordar las causas fundamentales de la migración, que anunció la vicepresidenta Harris el 29 de julio, establece lo siguiente:
Los desafíos en materia de gobernabilidad, como la corrupción generalizada, socavan los adelantos en áreas como oportunidades económicas, protección de los derechos humanos y seguridad civil. Las empresas privadas mencionan la corrupción como un impedimento para las inversiones. La fragilidad de las instituciones democráticas, combinada con la impunidad generalizada, ha mellado la confianza de los ciudadanos en sus gobiernos y en la independencia de los sistemas judiciales. El cuestionamiento de procesos electorales y la falta de transparencia en la toma de decisiones por parte de los gobiernos han dado lugar a hechos de violencia.
“Nuestra intención es apoyar a los ciudadanos, las organizaciones y los funcionarios públicos en la región que han asumido el compromiso de infundir esperanza y generar oportunidades para los pueblos de América Central fortaleciendo las instituciones democráticas, el Estado de derecho y la transparencia”.
A fin de impulsar este combate la corrupción, “hoy anuncio una nueva política de restricción de visas en virtud del artículo 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (Immigration and Nationality Act) relativa a la emisión de visas a funcionarios actuales o exfuncionarios de Guatemala, Honduras o El Salvador y otras personas que se consideren responsables o cómplices de atentar contra la democracia o el Estado de derecho. Esto puede incluir actos de corrupción u obstrucción de instituciones o procesos democráticos, como subvertir la integridad y la independencia del sector judicial y de los fiscales anticorrupción. Podrán negarse visas a las personas designadas conforme a esta política, incluidos sus familiares. Al disponer estas restricciones, estamos dando un mensaje claro de que quienes debiliten la democracia o el Estado de derecho en Guatemala, Honduras y El Salvador no serán bienvenidos en Estados Unidos”.
Esta política complementa otras herramientas que Estados Unidos está empleando en apoyo a los esfuerzos de los pueblos de Guatemala, Honduras y El Salvador para promover la rendición de cuentas por hechos de corrupción, impunidad y ataques a la democracia.
