La Fiscalía salvadoreña allanó la madrugada de este miércoles la residencia del expresidente Elías Antonio Saca (2004-2009) como parte de la investigación por los delitos de corrupción cometidos al supuestamente desviar 246 millones de dólares del presupuesto estatal.
“Buscamos evidencia documental que pueda servir para abonar a la investigación que nosotros hemos venido desarrollando”, dijo a periodistas el jefe de la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía (UIF), Jorge Cortez.
De acuerdo con el jefe fiscal, en la residencia, ubicada en una de las más exclusivas zonas de San Salvador, no se encontraba ningún familiar de Saca al momento del registro.
Lamentó que en el lugar no encontraron “ningún documento de intereses”, contrario a los incautados en un consorcio de radios de Saca allanado el martes y “sobre los que se está trabajando”.
Las autoridades también han intervenido una radio del exmandatario en el departamento oriental de Usulután y un negocio de venta de autos propiedad de su primo Herbert Saca.
Saca y sus exsecretarios privado, de Comunicaciones y de Juventud; Elmer Charlaix, Julio Rank y César Funes, respectivamente, son acusados de formar una estructura que desvió 246 millones de dólares del presupuesto gubernamental a cuentas privadas.
A ellos se suman Pablo Gómez, Francisco Rodríguez Arteaga y Jorge Alberto Herrera, “colaboradores directos del expresidente Elías Antonio Saca”, aún empleados de la Presidencia.
Estos afrontarán el proceso penal por los delitos de peculado, asociaciones ilícitas y lavado de dinero en el Juzgado Cuarto de Paz de la capital, la audiencia inicial está programada para este 3 de noviembre.
Según el fiscal general, Douglas Meléndez, estas personas operaban una estructura al interior de la Presidencia que movió los 246 millones de dólares a 14 cuentas personales de Charlaix, Rodríguez y Gómez, de las que posteriormente retiraron 116 millones de dólares “en efectivo”.
Detalló que durante las investigaciones, iniciadas tres meses atrás, han determinado que al menos 6 millones de dólares fueron blanqueados “vía triangulación” a las empresas de Saca, que incluyen un reconocido consorcio de radios, por parte del exmandatario y Charlaix.