La ONG Global Witness pidió al Estado de Honduras reconocer la legitimidad que tiene la labor de los defensores del medioambiente y la tierra, como paso fundamental para garantizar su protección, y solicitó a EE.UU. y otros países donantes revisar sus políticas de ayuda con el país centroamericano.
En el informe “Honduras: El lugar más peligroso para defender el planeta”, difundido por Global Witness, esa organización no gubernamental aseveró que las autoridades hondureñas deben “realizar declaraciones públicas firmes en las que reconozcan el legítimo papel de los defensores de la tierra y el medio ambiente y se comprometan a garantizar su protección”.
En Honduras el Gobierno debe hacer “todo lo posible para acabar con los abusos a los defensores del medio ambienta y la tierra” e imponer una “mayor transparencia y legalidad” en el desarrollo de proyectos ambientales, señaló el informe.
De lo contrario, el Estado hondureño “no podrá crear industrias sostenibles y se verá expuesto a la condena internacional y posiblemente a acciones legales”, enfatizó la ONG.
El presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, debe “reforzar” el sistema judicial para “procesar” a los autores materiales e intelectuales de las amenazas y los ataques contra los ambientalistas.
El mandatario debe también anunciar públicamente su apoyo al programa de protección de los defensores y garantizar recursos, indicó el reporte.
Honduras debe asegurar la aplicación de “medidas de protección adecuadas” frente a los riesgos que enfrentan los ambientalistas, así como proporcionar los recursos y el respaldo político necesario para garantizar la “aplicación eficaz” de la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, añadió.
Global Witness pide al Gobierno hondureño “cooperar plenamente” con la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), de la OEA, y otros organismos internacionales garantizando que tengan “un acceso total y oportuno” a la información que necesitan y asegurándose de que se lleven a la práctica sus recomendaciones.
Además solicitó investigar “minuciosamente” las acusaciones de corrupción relacionadas con la explotación de recursos naturales, aplicar “adecuadamente las leyes” en materia de conflictos de intereses e inhabilitar a los funcionarios públicos a “los que se halle cómplices de tales abusos de autoridad”.
El grupo también pidió al Gobierno, inversores y empresas internacionales que reconozcan “su complicidad en la perpetuación de los ataques a los defensores de la tierra y el medio ambiente en Honduras”, donde 123 ambientalistas han muerto desde 2010.
En el caso de Estados Unidos y otros donantes, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el informe indicó que existe “la necesidad clara y urgente de abstenerse de financiar o respaldar cualquier proyecto o actividad que ponga en peligro a los defensores” en el país centroamericano.
Señaló además que continuar con la ayuda y la inversión sin adoptar medidas concertadas para contribuir a la consulta previa a las comunidades, el reconocimiento y la protección de los activistas “supone aprobar tácitamente las amenazas que estos reciben y empoderar a las personas que desean causarles daños”.
Global Witness, según el informe, recomienda a EE.UU. y otros países “revisar sus políticas de ayuda a Honduras y garantizar que no están promoviendo ni financiando las industrias que ponen en peligro a los activistas”.
Además sugiere a EE.UU. que exija a Honduras la adopción de “medidas eficaces” para garantizar la consulta libre e informada a todas las comunidades, así como el consentimiento de las comunidades indígenas y afrohondureñas antes de otorgar concesiones para proyectos de desarrollo, resaltó el informe.