El Gobierno de Donald Trump explora la posibilidad de alquilar en un futuro propiedades estatales en Florida, Virginia y California como «refugio permanente» para niños inmigrantes que llegan a Estados Unidos sin acompañantes.
Las intenciones del Gobierno federal fueron dadas a conocer este martes por la congresista del centro de Florida Anna Eskamani en su cuenta de Twitter, en la que rechazó la idea.
«Deberíamos cerrar los campamentos, no abrir nuevos», manifestó la demócrata, hija de inmigrantes iraníes.
Eskamani publicó el texto del correo electrónico en el que una oficina regional del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de Estados Unidos explica a los legisladores la idea y describe la emergencia que enfrenta su Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) por el «impredecible» flujo de menores.
Según el correo, la ORR, que gestiona los centros para menores, pidió a los legisladores una «evaluación exploratoria de propiedades vacantes» para posiblemente alquilarlas en un futuro como «refugio permanente» para «Niños Extranjeros No Acompañados» (UAC, en inglés)».
Detalla que debido a la «crisis en la frontera sur», esta oficina del HHS está viendo un «aumento dramático» de estos menores referidos por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) y está «luchando para satisfacer las necesidades de albergarlos».
Precisó que hasta junio pasado, el DHS había referido durante el actual año fiscal, que comenzó en octubre de 2018, más de 58.500 de estos menores a la ORR, un incremento de más del 57 % con respecto al mismo periodo anterior.
«El número de referidos es impredecible», agrega. «Actualmente hay unos 9.500 UAC al cuidado de HHS».
Entre otros, el correo resalta que la idea es «reducir» la potencial necesidad de refugios temporales en el futuro, lo cual además permitiría crear «una capacidad permanente en áreas del país con mínimos riesgos de desastre», entre otros beneficios.
El mayor centro de detención de menores inmigrantes en el país, ubicado en Homestead, al sur de Miami, y con capacidad para unos 3.200 menores, ha sido criticado, entre otros, por la ausencia de un plan masivo de emergencia en caso de un huracán, en plena temporada ciclónica.
Este centro ha reducido dramáticamente el número de menores en las últimas semanas tras una infinidad de visitas de congresistas demócratas y candidatos presidenciales de ese partido, que han denunciado las condiciones «infrahumanas» de estos menores.
Igualmente la organización de derechos humanos Amnistía Internacional (AI) instó el pasado 18 de julio al gobierno Trump a «cerrar cuanto antes» el «cruel» e «ilegal» centro de detención de menores inmigrantes en Homestead.
La ORR, que opera «una red de más de 170 instalaciones y programas en 23 estados», tiene legalmente la obligación de «cuidar y custodiar» a estos menores que le entrega el DHS hasta que sean entregados a sus padres, parientes cercanos u otros patrocinadores, precisa el correo del HHS.
Eskamani, representante de la cámara Baja estatal por el área de la ciudad de Orlando, lamentó que estén «explorando el Centro de Florida como una opción para abrir un campo de detención de migrantes para niños indocumentados».
En Estados Unidos se vive una agria polémica sobre las condiciones que ofrecen las autoridades migratorias a los indocumentados en los albergues y centros de detención, entre ellos los de menores mientras sus casos migratorios siguen su curso.
En el último año han muerto bajo custodia de la Patrulla Fronteriza los niños guatemaltecos Jakelin Caal Maquín, de 7 años, y Felipe Gómez Alonzo de 8.
Con información de EFE
