Un grupo de indígenas de la comunidad lenca llegó este viernes a las instalaciones de los Juzgados de lo Penal de Tegucigalpa para exigir la liberación de uno de los implicados en el crimen de la ambientalista Berta Cáceres.
El encausado se trata Sergio Ramón Rodríguez Orellana, un profesional de la ingeniería que se desempeña como gerente de una empresa hidroeléctrica Agua Zarca. Los manifestantes son de las comunidades de Valle de Ángeles y La Chorrera, situadas en Río Blanco en el departamento de Intibucá.
Comentaron que en la zona existe una gran división, debido a que apenas el 10 por ciento de las organizaciones están aglutinadas al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh).
A su criterio esas organizaciones solo se han aglutinado para destruir las comunidades y no para mejorarlas, como aseguran que debería de ser. Los indígenas declararon que solo están a favor de la liberación de Rodríguez Orellana, lo cual pidieron entre gritos en las afueras de los Tribunales de Justicia.
“Lo conocemos muy bien, sabemos que es una persona humilde, que lejos de enseñarnos maldades nos ha enseñado a respetar”, dijo uno de los indígenas protestantes. Aseguró que hay unas diez comunidades, de las cuales solo una tiene algunos miembros del Copinh.
“La diferencia es que cuando los copines se movilizan lo hacen a nivel nacional, con gente que no es ni indígena, gente que no sabe cuáles son las grandes necesidades que tenemos en las comunidades”, lamentó. Ejemplificó en la comunidad de Valle de Ángeles ese grupo destruyó un proyecto de agua y ahora no cuentan con el vital líquido.
“Venimos hasta aquí por nuestro propio esfuerzo, necesitamos al ingeniero Sergio en libertad, porque tenemos una serie de proyectos encaminados y sin la presencia de él quedarían botados; allá ningún diputado, ni alcalde se ha hecho presente”, apuntó.
La audiencia inicial para los cuatros implicados en el crimen de Berta Cáceres se realiza hoy en los juzgados situados en barrio La Granja de Comayagüela, donde hay un fuerte contingente militar y policial. El pasado 2 de mayo el Ministerio Público (MP) realizó el operativo “Jaguar” en diferentes puntos del país, en el cual se logró la detención de los cuatro vinculados al asesinato de la activista indígena.
