SAN FRANCISCO.- El juez federal del circuito de San Francisco, William Orrick III, declaró que el presidente Donald Trump excedió su autoridad constitucionalal tratar de castigar a los gobiernos locales que se nieguen a colaborar con sus políticas de inmigración.
En una resolución emitida este día, el juez Orrick sentenció que Trump no puede obligar a las “ciudades santuario” como San Francisco a cooperar con las autoridades de inmigración mediante el retiro de todos los fondos federales.
La decisión de Orrick se dio en respuesta a una solicitud de la ciudad de San Francisco y el Condado de Santa Clara, que pidieron un mandato judicial para detener la ejecución de la orden de Trump, y que fue motivo de una audiencia de 70 minutos el pasado 14 de abril.
Casi 50 gobiernos locales de todo el país, así como el estado de California, presentaron argumentos para apoyar la demanda de San Francisco y el Condado de Santa Clara, mientras que Seattle, dos comunidades en Massachusetts y Richmond plantearon demandas por separado.
Más de 300 ciudades y condados de todo Estados Unidos evitan que sus agencias de aplicación de la ley colaboren con las autoridades federales de inmigración para detener y deportar inmigrantes por diversos delitos o entrada ilegal, a las cuales se les denomina “santuario”.
Todas estas comunidades afirman que esas políticas están diseñadas para preservar la confianza entre sus residentes y la policía local, y así promover la seguridad pública, al mantener el contacto entre inmigrantes y autoridades en la denuncia de crímenes sin temor a la deportación.
La ley federal no define “ciudades santuario”, y la administración Trump ha dado descripciones diferentes de las políticas locales que está dirigiendo, además que ha dado mensajes contradictorios sobre los financiamientos que pretende retener.
En su orden ejecutiva del 25 de enero, Trump ordenó al fiscal general y al secretario de Seguridad Nacional que se aseguren de que “jurisdicciones de santuario”, que se niegan a entregar información legalmente requerida a las autoridades de inmigración, “no sean elegibles para recibir subvenciones federales de aplicación de la ley”.