Tegucigalpa. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) designó este viernes a un grupo de expertos que brindará asistencia técnica a Honduras para investigar la autoría intelectual del asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, ocurrido el 2 de marzo de 2016, en el oeste del país.
El Grupo Interdisciplinario de Personas Expertas Independientes (GIEI) para el caso de Berta Cáceres fue instalado en Tegucigalpa por la presidenta de la CIDH, Andrea Pochak, en un acto que contó con la presencia de altos funcionarios hondureños, Austra Berta Flores, madre de la ambientalista, así como sus hijas Laura y Bertha Zúñiga Cáceres, y miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh).
Durante el evento, Pochak reafirmó el compromiso de la CIDH con “la justicia, la verdad y la garantía de los derechos humanos” al establecer el GIEI, y destacó que la Comisión ha seguido de cerca el caso de Berta Cáceres, considerándolo “emblemático en la lucha por la defensa de los derechos humanos» en las Américas.
El asesinato de Berta Cáceres evidenció «las graves vulnerabilidades que enfrentan quienes defienden los territorios y los derechos humanos en la región», enfatizó Pochak, quien subrayó la necesidad de un “esclarecimiento total” de los hechos y la identificación de todos los responsables, tanto materiales como intelectuales, así como la importancia de adoptar medidas para prevenir que crímenes como este se repitan.
Asignaturas pendientes para esclarecer asesinato
Berta Cáceres fue asesinada en su hogar el 2 de marzo de 2016 en La Esperanza, departamento de Intibucá, y por su crimen han sido condenadas ocho personas, dos de ellas ejecutivos de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), que impulsaba la construcción en territorio de la etnia lenca de la hidroeléctrica Agua Zarca.
Pochak destacó la disposición del Estado de Honduras para permitir la conformación del grupo integrado por cuatro expertos de Argentina, Chile, Estados Unidos y Guatemala, y afirmó que el GIEI es una herramienta fundamental para fortalecer las capacidades de investigación, esclarecer «violaciones graves» y avanzar en la lucha contra la impunidad.
La instalación del GIEI representa un “paso crucial e indispensable”, según Pochak, quien solicitó a las autoridades hondureñas “apertura y cooperación” para garantizar que los expertos puedan realizar su labor “con plena independencia, acceso irrestricto a la información y las garantías necesarias para el desarrollo efectivo de sus investigaciones”.
El GIEI Honduras, el cuarto de su tipo en América Latina, contribuirá al fortalecimiento del sistema de justicia y la protección de los derechos humanos, y su labor no solo busca colaborar técnicamente en la identificación de responsables, sino que también será clave para agotar todas las líneas de investigación, asegurando que “no haya cabos sueltos” y apoyando la consolidación de una “justicia plena y efectiva”, explicó.
“Este GIEI responde a la necesidad de verdad, justicia y garantías de no repetición, no solo para Berta y su familia, sino para todas las personas que, como ella, han dedicado su vida a la defensa de los territorios y los derechos fundamentales”, enfatizó Pochak.
La investigación del asesinato “no está concluida”
No obstante, a pesar de los esfuerzos, la investigación del asesinato de Berta Cáceres “no está concluida” y persisten “asignaturas pendientes” en el esclarecimiento de los hechos, así como en la identificación de todas las responsabilidades, especialmente las relacionadas con la autoría intelectual del crimen y los delitos conexos, sostuvo.
El canciller de Honduras, Eduardo Enrique Reina, expresó que el asesinato de Cáceres provocó «una profunda conmoción» tanto a nivel nacional como internacional, constituyendo una «flagrante violación a su dignidad como ser humano».
Reina manifestó su confianza en que el GIEI ofrecerá una «colaboración eficiente» a Honduras para investigar la autoría intelectual y los delitos relacionados con el asesinato de la ambientalista, con el objetivo de lograr «el justo castigo» para los responsables.
La hija de Berta Cáceres confía en la CIDH
Bertha Zúñiga, hija de la ambientalista hondureña Berta Cáceres, asesinada en 2016, expresó este viernes a EFE su esperanza de que el grupo de expertos designado por la CIDH ayude a investigar la autoría del crimen para «sanar las heridas» y reconstruir el tejido social en las comunidades indígenas afectadas por un proyecto hidroeléctrico al que se oponía su madre.
El Grupo Interdisciplinario de Personas Expertas Independientes (GIEI) representa un «esfuerzo por agotar las investigaciones» sobre las responsabilidades de todas las personas involucradas en el asesinato de Cáceres, así como en la «violencia sufrida» por la instalación del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, impulsado por la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), subrayó Zúñiga.
«Esperamos que, con la colaboración de las entidades fiscales, (los expertos) logren colaborar de manera efectiva para avanzar en lo que hemos propuesto y demandado desde hace muchos años: requerir formalmente a los autores intelectuales de este crimen y analizar los delitos conexos» relacionados con la corrupción y otras violaciones, además de proponer un plan integral de reparación a las víctimas del proyecto hidroeléctrico,» explicó Zúñiga.
«Hay una gran deuda pendiente (por parte del Estado) debido a la impunidad que persiste en todos los ataques», enfatizó Zúñiga, quien demandó la desarticulación del grupo criminal responsable del crimen, que «lamentablemente sigue activo e interfiriendo en el proceso de justicia, queriendo deslegitimar la labor del Consejo Popular de Pueblos Indígenas de Honduras (Copinh) y la lucha de las comunidades en defensa de sus territorios», enfatizó la hija de la líder indígena.
Cancelación definitiva del proyecto hidroeléctrico
La hidroeléctrica Agua Zarca está actualmente paralizada, precisó la también coordinadora del Copinh, quien recordó que la familia de Cáceres ha solicitado la cancelación definitiva de la concesión del «ilegal y violento» proyecto.
«Parte de este proceso de justicia es revertir esa decisión del Estado de dar esta concesión con todo lo que ha significado para la comunidad de río blanco, pero también para el Copinh», añadió.
El equipo de expertos también contribuirá a proponer un plan de reparación integral para las comunidades afectadas por este «vil crimen y la violencia perpetrada a raíz de la instalación del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca contra quienes defienden el territorio y la vida», según la CIDH.
Con Información de EFE
