Este lunes perduraba la incertidumbre en Venezuela horas después de que el presidente Nicolás Maduro, amparado en el decreto de emergencia económica de comienzos de año, ordenara la salida de circulación del billete de 100 bolívares, el de mayor valor, y que representa, según cifras del Banco Central de Venezuela (BCV), el 48% del dinero en efectivo que circula en la economía local.
En horas de la mañana el ministro del Interior Néstor Reverol ofreció una rueda de prensa televisada, a la salida de una reunión de emergencia con la banca privada y del Estado. Reverol dio detalles para explicar la inesperada medida presidencial.
De acuerdo con el ministro responsable de la seguridad interna, “mafias especuladoras” han venido extrayendo grandes lotes de papel moneda hasta por un monto total que calculó en 300 millardos de bolívares (un poco menos de 300 millones de dólares, de acuerdo a la tasa de cambio predominante en el mercado paralelo no oficial). Dijo que la operación es patrocinada por Estados Unidos y gestionada a través de una ONG que no identificó. Según el funcionario, los artífices del contrabando prometían a los operadores un pago de 120 bolívares por cada billete de 100 bolívares exportado.
Reverol reiteró la versión de Maduro, que aseguraba que las ciudades fronterizas de Cúcuta y Maicao (en los departamentos colombianos de Norte de Santander y La Guajira, respectivamente) son los epicentros geográficos de la operación. Caracas viene exigiendo al Gobierno colombiano de Juan Manuel Santos la erogación de un decreto que permite a los comerciantes de las ciudades fronterizas establecer el valor de las divisas extranjeras.
Sin embargo, con apoyo de gráficas, el funcionario reveló que en naciones europeas como Alemania, Chequia y Ucrania se encuentran almacenes repletos de billetes venezolanos extraídos subrepticiamente.
Con esta versión, el Gobierno da un significado político a lo que pareció en un principio una medida de alcance exclusivamente macroeconómico. En el último mes, la moneda local se devaluó un 59% y generó una crisis sin precedentes, al liquidar la posibilidad de pagar con dinero en efectivo en los comercios y provocar un aumento de precios que acabó con el poder de compra de la moneda local. Aunque los académicos aún no hablan de hiperinflación, lo que ocurre en Venezuela es un incremento casi a diario de los precios. El dólar se ha convertido en el bien más preciado entre los venezolanos, que están dispuestos a pagar cualquier precio con tal de protegerse de las subidas. El Fondo Monetario Internacional ha pronosticado una inflación del 720% para este año.
Luego de la publicación de la resolución en la Gaceta Oficial, los venezolanos tendrán 72 horas para depositar esos billetes en las taquillas de la banca pública. Pasado ese tiempo, tendrán diez días adicionales para acudir a la sede del Banco Central de Venezuela y cambiarlos. Mientras tanto, el billete de mayor denominación será el de 50 bolívares, toda una complicación adicional a las gestiones de la vida diaria en un país al borde del colapso. Ese billete de máxima denominación equivale a poco más de un céntimo de euro al tipo de cambio paralelo. El Ministerio del Interior y la policía política coordinarán el complejo operativo que supondrán las largas filas de personas intentando cambiar su dinero.
Se espera que el próximo jueves 15 de diciembre entre en circulación de forma progresiva el nuevo cono monetario (el conjunto de monedas y billetes de curso legal) anunciado el por el Banco Central de Venezuela. El de menor valor será el de 500 bolívares y el de mayor valor de 20.000. Este último billete equivale a unos cinco dólares de acuerdo con la cotización de la moneda local en el mercado negro.
El viernes pasado el propio presidente del BCV, Nelson Merentes, decía que el nuevo portafolio de billetes conviviría en la calle con el viejo cono, hasta la total desincorporación de este. Pero en menos de 48 horas y antes de que entren en circulación los nuevos billetes, Nicolás Maduro cambió el panorama.
Este lunes es asueto bancario en Venezuela, por lo que los verdaderos efectos de la medida presidencial se empezarán a ver el martes. Se anticipan días de caos: la plataforma de pagos electrónicos se ha visto muy afectada tras la detención, hace diez días, de cinco directivos de la principal empresa encargada de su gestión; según versiones de prensa, desde entonces muchos comerciantes no han podido cobrar las transacciones efectuadas en sus establecimientos con tarjetas de débito y de crédito.
Justamente el lunes, las busetas de transporte público en las principales ciudades del país empezarían a cobrar un precio de cien bolívares por pasaje, un alza autorizada por el Gobierno. Como, por tanto, los operarios de esas busetas se preparaban para recibir muchos billetes de 100 bolívares, ahora ilegales, el ministro de Transporte, Ricardo Molina, anunció una campaña especial para canjearlos.
El domingo se dio a conocer también un decreto gubernamental por el que se dictan medidas preventivas de prisión para todos los ciudadanos que sean sorprendidos “con grandes cantidades” de billetes de 100 bolívares, según reza el documento sin mayor precisión.