El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) está planteándose iniciar la semana que viene los trámites para suspender la pertenencia de Venezuela a ese organismo alegando el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana. Ese texto legal prevé la intervención de la OEA “en caso de que en un Estado Miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático”. La Carta fue aprobada el 11 de septiembre de 2001 y, desde entonces, solo ha sido suspendida la pertenencia a la OEA de un país, Honduras, con motivo del golpe de Estado militar de mayo de 2009 que derrocó al presidente democráticamente elegido Manuel Zelaya. En junio de 2011, una vez el orden democrático fue reestablecido, Honduras regresó a la OEA.
En el caso de Venezuela, sin embargo, el impacto diplomático y psicológico sería mucho más serio. Porque en este caso no se trataría de una acción contra un Gobierno golpista, sino contra un Ejecutivo democráticamente elegido que está subvirtiendo la legalidad y las instituciones del país.
La clave, por ahora, está en el reparto de votos dentro de la OEA. La organización tiene 36 miembros, por lo que una eventual suspensión debe ser aprobada al menos por 19. Ahí, Venezuela cuenta, según fuentes contactadas por este periódico, con el apoyo seguro de Ecuador, Nicaragua, y Bolivia. Posiblemente El Salvador también se opondría a la adopción de medidas contra el Gobierno que dirige Nicolás Maduro. Y después están entre 14 y 16 países del Caribe que tradicionalmente han sido próximos a Caracas debido a que forman parte de la organización Petrocaribe, a través de la cual el Gobierno venezolano subsidia la compra de petróleo en condiciones muy ventajosas.
El problema de Petrocaribe es que es una estructura totalmente opaca, en cuyo listado de miembros figuran países como Guatemala, que no son oficialmente miembros de ella. A eso se suma el hecho de que Venezuela ha tenido más y más problemas para abastecer de crudo a los miembros del grupo, debido al virtual colapso de su economía y de su industria petrolera. Todo eso hace que el grado de efectividad de Petrocaribe – que nunca ha sido fácil de evaluar por la falta de transparencia del grupo – sea ahora mismo un misterio. Además, el Gobierno del presidente de EEUU, Barack Obama, ha llevado a cabo en los últimos años una ofensiva en el Caribe para promocionar el desarrollo de energías sostenibles y la autosuficiencia energética de esos países y, de paso, reducir la influencia de la ‘petrodiplomacia’ venezolana. Precisamente, en la última semana, Nicolás Maduro ha viajado a Jamaica y a Trinidad y Tobago -dos miembros de Petrocaribe- en busca de apoyo político.
El proceso podría iniciarse el martes o el miércoles, con la reunión del Consejo Permanente de la OEA, que es el órgano de control de la organización. Para ese encuentro, el presidente de la Organización, el uruguayo Luis Almagro (ex ministro de Exteriores con el presidente izquierdista de ese país, José Mujica) tiene casi acabado un durísimo informe sobre el Gobierno venezolano que sería la base para aplicar el artículo 20.
Si Almagro cree que tiene los votos necesarios para seguir adelante con la suspensión de Venezuela, pedirá una convocatoria extraordinaria del Consejo Permanente para tratar el asunto. Lo más probable es que esa reunión extraordinaria, caso de que llegue a producirse, sea después de la Asamblea General de la OEA que se celebra en República Dominicana, del 13 al 15 de junio. Ésa sería la última oportunidad para que Venezuela no quedara suspendida de la OEA. Según ha declarado a EL MUNDO Marc Wachtenheim, presidente de la consultora W International, “nadie sabe cómo terminará de desarrollarse este proceso, ni como se resolverá la situación en Venezuela, pero estos movimientos indican que la crisis venezolana ya no puede sostenerse en el tiempo“.