El ambiente político de Brasil sigue siendo intrincado. Las protestas que se dieron en pleno Mundial de Fútbol del 2014 por el costo de vida, la falta de empleo y los recientes escándalos de corrupción han dado pie para que la gobernabilidad de Dilma Rousseff se haya vuelto prácticamente imposible.
Brasil pasó de ser uno de los países más potentes y con proyección internacional de la región a convertirse en un foco caliente de protestas y rifirrafes entre políticos.
La corrupción en la estatal petrolera del gigante suramericano no solo salpicó a varios miembros del gabinete de la mandataria, sino que tocó a funcionarios de la administración del expresidente Lula da Silva, hasta ahora un símbolo del progresismo brasileño.
El mismo Lula enfrentó hace unas semanas el poder de la justicia, primero con una detención para comparecer por el caso de Obredecth en el que, según las autoridades, habría utilizado su influencia para beneficiar a la constructora en la concesión de diferentes proyectos, y luego con el freno por parte de un juez para ser el nuevo ministro de Gobierno.
Ese nuevo cargo pondría un fuero especial para Lula y, por tanto, lo sacaría de la justicia ordinaria.
Otras salidas
A las renuncias de personal cercano a Rousseff se sumó la del coronel Adilson Monteiro, jefe de la Fuerza Nacional de Seguridad de Brasil, quien dejó su cargo después de haber difundido una carta con duras críticas al Gobierno y a la presidenta. Monteiro era uno de los responsables por la organización del operativo de seguridad para los Juegos Olímpicos que se celebrarán en Río de Janeiro en agosto próximo, entre otros asuntos.
“Mi familia lo exige, pues no se precisa ser muy inteligente para saber que somos dirigidos por un grupo sin escrúpulos, incluyendo a la Presidenta de la República“, indica el coronel en su dimisión, donde añade que se siente “avergonzado” por esa situación.
Monteiro sostiene que pasaba por un “conflicto ético, al servir a un Gobierno con tamaña complejidad política” y del cual dijo que “no está interesado en el país, sino en mantener el poder a cualquier costo”.
Pero quizás el golpe más difícil para Rousseff fue la salida del Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), el principal aliado de la coalición de gobierno que la deja desprotegida para impedir el juicio político, pero además, con una popularidad en mínimos.
El PMDB está comandado por precisamente por el exvicepresidente Temer y apoya abiertamente el ‘impeachment’ hacia Rousseff. Además, ocupa siete de los 31 ministerios que tiene el gobierno de Rousseff.
Aunque solo el titular de Turismo, Henrique Alves, se anticipó este lunes a la decisión de su partido y presentó su renuncia, falta ver qué harán los otros seis ministros. Según fuentes del PMDB, tendrían un plazo implícito para entregar sus cargos hasta el 12 de abril, aunque algunos se muestran reticentes a entregar sus carteras.
La mandataria deberá reconstruir una base de apoyo parlamentario para su gobierno, negociando con otros partidos los cargos que dejará vacantes el PMDB.
Rousseff, elegida en 2010 y reelegida en 2014, enfrenta una dura crisis económica y una multiplicación de escándalos que derrumbaron su popularidad. Las personas que afirmaban no confiar en la presidenta de izquierda llegaron en marzo a un 80 %, según una encuesta realizada por el instituto Ibope para la Confederación Nacional de Industrias (CNI).
La economía tampoco da respiro y el país se prepara a vivir su segundo año de recesión, con una agravación del desempleo y un deterioro de las cuentas públicas.
El lunes 4 de abril está prevista la última de las diez sesiones consagradas a la defensa de Rousseff ante una comisión especial de 65 diputados que analiza los argumentos de la acusación.
El diputado que instruye el caso dispondrá acto seguido de dos días para presentar su parecer a la comisión y luego los legisladores tendrán un máximo de cinco sesiones para debatir y votar sobre la recomendación, que puede ser aprobada por mayoría simple (la mitad más uno de los presentes).
Con el dictamen –que no es vinculante– ya publicado en el diario de la Cámara al día siguiente de la votación, el presidente de la Cámara baja deberá esperar un mínimo de 48 horas antes de poder incluirlo en el orden del día y someterlo al plenario de 513 diputados. Los opositores que impulsan el proceso estiman que esa votación podría realizarse cerca del 15 de abril.