La Unión Europea (UE) y Canadá firmaron el pasado domingo un acuerdo de libre comercio que se conoce como CETA y que ambas partes consideran el más ambicioso negociado nunca, pues además de eliminar barreras arancelarias introduce estándares normativos para incrementar profundamente los intercambios entre ambas economías.
“El CETA es el mejor y el más progresista negociado nunca por la UE”, declaró tras la firma el presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, para quien el acuerdo fijará los estándares de la veintena de acuerdos de libre comercio que negocia la UE con otros países.
La ceremonia y la posterior rueda de prensa se desarrolló en un clima relajado y entusiasta una vez superado el bloqueo ‘in extremis’ de la región belga de Valonia, que a última hora obligó a retrasar tres días la firma. La mitad francófona de Bélgica logró, además de provocar en Jucker una irritación que no disimula, que se añadiera en el tratado un anexo explicativo, con valor jurídico pero que no modifica una sola de las 1.598 páginas del CETA, según la Comisión.
“Las cosas difíciles son difíciles”, dijo el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, quien aseguró que el extraordinario desenlace del CETA en las entrañas institucionales europeas demuestra que la democracia en la UE “funciona”.
Los representantes europeos y canadienses celebraron que se haya hecho realidad un pacto que, dicen, beneficiará a empresas y trabajadores. En palabras del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, “si todos en la Organización Mundial del Comercio (OMC) se inspirasen en este acuerdo (…) el mundo del trabajo y del emprendimiento serán los primeros beneficiados”.
El CETA, acrónimo en inglés de “Comprehensive Economic and Trade Agreement”, afecta a unos 545 millones de personas y tendrá un impacto anual de 12.000 millones de euros en la economía de la UE y de 8.000 en la de Canadá, según las instituciones europeas. Se trata de un pacto que, además de eliminar tasas aduaneras y aceptar la homologación recíproca de normas que afectan a productos manufacturados, refuerza la protección de patentes farmacéuticas, convalida títulos universitarios y abre los mercados de licitaciones públicas, entre otros puntos.
Negociado desde hace siete años, no solo sentará la base para los futuros acuerdos de la UE, sino que sus promotores confían en que se convierta en el nuevo estándar para los pactos internacionales de libre comercio desde una perspectiva “progresista” porque beneficia a las clases medias, a las pequeñas y medianas empresas y a los actores económicos de ambos territorios.
La Comisión y el Consejo Europeo insisten en que eliminará anualmente más de 500 millones de euros en aranceles a las empresas europeas de forma que se dará durante “décadas” un impulso a las exportaciones, donde actualmente se encuentran 31 millones de los empleos de la UE. Pero muchos, especialmente desde posiciones de izquierda altermundista y ecologista, han criticado el acuerdo, que consideran se ha negociado de manera opaca y redactado para beneficio de las multinacionales, al margen de los ciudadanos.
Entre los puntos más controvertidos del CETA se encuentra el sistema de tribunales privados de arbitrajes, conocidos técnicamente como ICS y previstos para resolver los litigios entre inversores y Estados de forma que se estandaricen marcos normativos y se aceleren las sentencias. Los movimientos antiglobalización creen que se trata, en realidad, de un sistema que coloca en manos privadas con intereses oscuros la capacidad de los Estados de administrar Justicia.
La oposición ciudadana a esos tribunales de arbitraje obligó a los negociadores a modificarlos para que fueran la UE y Canadá quienes designaran a los magistrados, en vez de las empresas y los Estados, para introducir el derecho de apelación y para elevar las exigencias éticas a los jueces.
El CETA podrá aplicarse al 95 % a partir del próximo enero, cuando está previsto que lo apruebe -sin dificultades- el Parlamento Europeo (PE). Pero para implementarse completamente, el acuerdo deberá ser ratificado por los Parlamentos nacionales de los Veintiocho, labor que se anuncia larga y farragosa.
Prueba de las reticencias que suscita el CETA es que en la mañana del domingo, poco antes de la ceremonia que alumbraba oficialmente el acuerdo, un grupo de manifestantes logró superar las barreras policiales de la sede del Consejo Europeo y llegar hasta el vestíbulo del edificio. La protesta se saldó con 16 detenciones.