WASHINGTON.- Estados Unidos y otros 12 países acudieron a la OEA para exhortar al presidente Nicolás Maduro a suspender el proceso para crear una Asamblea Nacional Constituyente por considerar que equivaldría a un “desmantelamiento definitivo” de la institucionalidad democrática.
En una declaración de cinco párrafos presentada durante un Consejo Permanente del organismo, las 13 naciones expresan preocupación por lo que consideran una “grave alteración del orden democrático, la agudización de la crisis y el aumento de la violencia”.
El embajador panameño Jesús Sierra leyó el texto a nombre propio y de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Paraguay y Perú.
El embajador interino estadunidense Kevin Sullivan criticó los planes de Maduro para modificar la Constitución alegando que no cuenta con apoyo mayoritario y porque busca convertir al país en “una dictadura unipartidista”.
Fue notable la ausencia de Uruguay, que en marzo suscribió una declaración junto a los otros 13 países llamando a Venezuela a liberar a los presos políticos, convocar a elecciones y respetar las decisiones de la Asamblea Nacional.
Su embajador alterno Álvaro Gallardo explicó a reporteros que Uruguay prefirió no suscribir el texto porque la Asamblea Nacional Constituyente “es un mecanismo previsto en la Constitución venezolana”.
Los países se pronunciaron a favor de facilitar una negociación entre el gobierno y la oposición venezolana para tratar de poner fin a la aguda crisis que sacude a la nación caribeña.
El grupo de países prefirió fijar una posición desde el foro de la OEA pero sin gestionar que el organismo adopte el texto como una resolución formal, conscientes de que no cuentan con los votos necesarios.
Venezuela, que en abril inició un proceso de dos años para abandonar a la organización, acudió el miércoles al foro para rechazar que el Consejo Permanente debata esa crisis por considerarlo una intromisión en asuntos internos.
La segunda secretaria de la misión venezolana en la OEA, Sara Lambertini, denunció el miércoles que Estados Unidos adelanta “operaciones de inteligencia al más alto nivel para derrocar” al gobierno de Maduro de manera coordinada con Colombia y México.
Venezuela denunciará a estos países por los canales diplomáticos correspondientes ante (los bloques regionales) Celac, Unasur, Caricom, y el Movimiento de No Alineados como patria libre e independiente”, agregó.
Al participar la semana pasada en un foro sobre seguridad celebrado en Aspen, el director de la CIA, Mike Pompeo, dijo haber visitado este mes Colombia y México para evaluar las maniobras a aplicar desde estas naciones y “lograr un mejor resultado” en Venezuela.
Los embajadores de Colombia y México rechazaron las acusaciones durante sus respectivas intervenciones del miércoles.
Esta fue la primera vez que la OEA aborda la crisis venezolana desde que los cancilleres del continente no reunieran los votos necesarios para acordar una respuesta conjunta durante la Asamblea General del organismo que México albergó el mes pasado.
El ex presidente dominicano Leonel Fernández, quien acudió al Consejo Permanente a presentar un informe sobre la observación electoral que realizó en Ecuador, rehusó pronunciarse al conversar con reporteros sobre la conveniencia del proceso constituyente. “Lo conveniente es la búsqueda de una solución pacífica y democrática”, indicó.
Al preguntarle si aún funge como facilitador del diálogo, Fernández respondió que “en estos momentos Unasur no está activamente participando debido a que algunos de los países integrantes han pedido un receso temporal”.
Fernández se desempeñó como facilitador junto al ex mandatario panameño Martín Torrijos y el ex presidente español José Luis Rodríguez Zapatero, quien aún participa de manera pública.
La sesión del Consejo Permanente tuvo lugar minutos después de una ceremonia —a la que se ausentó Venezuela— de ofrenda floral en la estatua de Simón Bolívar por motivo de su natalicio.
La OEA celebró su sesión mientras Venezuela atraviesa una creciente tensión política generada por unas protestas que se han extendido por más de cien días y que han dejado al menos 97 muertos, mil 500 detenidos y más de 500 detenidos.