Con su suicidio este miércoles, el dos veces presidente del Perú, Alan Gabriel García Pérez evitó ser procesado en relación a los casos de corrupción de la constructora Odebrecht.
Se le acusaba de lavado de activos, tráfico de influencias y colusión.
La empresa brasileña desató el mayor escándalo de pago de sobornos en América Latina tras admitir públicamente en 2016 que ganó contratos de obras en la región a través de esta forma ilícita de operar, particularmente en Perú.
En esta nación eran cuatro los ex presidentes a los que se les acusa de favorecer a Odebrecht: Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y el propio Alan García.
Desde finales del año pasado un juez del caso expidió una orden de impedimento de salida del país contra el exmandatario, para someterlo a una detención provisional instruida por el Poder Judicial.
Junto a García, también se ordenó el aseguramiento de Luis Nava, su entonces secretario presidencial y Miguel Atala, señalados como quienes habrían recibido los sobornos.
La situación legal de Alan García se complicó después de que este domingo pasado se difundiera que la empresa Odebrecht, en el marco del acuerdo de colaboración que mantiene con la justicia peruana, revelara que Nava, y su hijo José Antonio, recibieron 4 millones de dólares de la empresa para lograr el contrato de construcción de la Línea 1 del Metro de Lima.
En medio de este proceso judicial, Garcia Pérez solicitó en noviembre del año pasado asilo en la embajada de Uruguay en Perú sin que le fuera autorizado.
Hace tres años, Odebrecht admitió ante la justicia estadounidense el pago de 29 millones de dólares en sobornos durante tres gobiernos peruanos, incluido el de Alan García.
En diciembre pasado, la constructora brasileña firmó un acuerdo de cooperación por el cual accedió a pagar una multa al estado peruano y sumar evidencias que comprometan aún más a los cuatro ex presidentes.
Actualmente, el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski se encuentra bajo prisión preventiva mientras que el juez del caso intenta dar sustento a las acusaciones en su contra.