Toda autoridad debe saber que si un reo está en El Pozo es por su peligrosidad y, por tanto, estar alerta, señala
Tegucigalpa.- El presidente de la República, Juan Orlando Hernández, lamentó este viernes que por un tecnicismo haya quedado en libertad el pandillero Ariel Cálix, alias “Little Sam”, quien es vinculado al crimen del periodista Igor Padilla que laboraba en la televisora HCH.
Por lo anterior – insistió el mandatario- es necesario que el Congreso Nacional apruebe las reformas al Código Penal que presentó el Poder Ejecutivo para reforzar las políticas y medidas de seguridad en el país, así como la aplicación de la justicia, para evitar que se repitan estos casos.
En conferencia de prensa en la 105 Brigada, en San Pedro Sula, el gobernante subrayó que la confianza del pueblo hondureño va a prevalecer recuperando la paz y la tranquilidad, pero que “falta mucho por hacer y también significa abarcar en los procesos de reformas la reestructuración de muchas normas y manuales operativos y la Ley Penal”.
Recordó que “por eso envié al Congreso Nacional un paquete de reformas al Código Penal, de la parte procesal y la parte de los centros penales”.
“Lo que hoy enfrentamos requiere una revisión profunda y constante porque es cambiante la delincuencia”, indicó.
Aporte de la Corte Suprema de Justicia
El titular del Ejecutivo confió que solicitó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ emitir un dictamen sobre el proyecto y aportar al Congreso Nacional lo que considera que debería ser sujeto a reformas.
“Llamamos al Congreso Nacional y a los partidos de oposición: piensen en el pueblo, esto es para protegerlo”, apuntó Hernández.
En relación a la liberación, mediante una decisión judicial, del pandillero Ariel Cálix, alias “Little Sam”, capturado la noche del miércoles en San Pedro Sula y acusado junto con 17 pandilleros más como sospechosos del asesinato de Padilla, el mandatario insistió en la necesidad de las reformas.
Se preguntó que “cómo se puede explicar que a un individuo que se le lleva por su peligrosidad a El Pozo después un juez, con la participación de otros funcionarios que el mismo proceso indica, deciden que puede salir; le conmutan, lo tratan de manera especial, de acuerdo a la legislación que permite” ese tipo de medidas.
Pero si está dentro de El Pozo –continuó- es porque es considerado por las autoridades altamente peligroso.
“No me cabe en la cabeza que por un tecnicismo este delincuente haya quedado en libertad”, subrayó el presidente Hernández.
Consideró que “dejarlo en libertad (a Ariel Cálix) no debió pasar; el Congreso Nacional tiene que dar las herramientas para que esto no vuelva a ocurrir”.
“El reo no estaba sentenciado, se decidió aislarlo, pero todavía el proceso continuaba y un juez lo dejó libre”, mencionó.
Solicitó un informe a Fusina
El titular del Ejecutivo dijo que está pidiendo un informe a la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina) sobre “qué fue lo que ocurrió y qué es lo que se debe de cambiar si es que la ley tiene esa laguna o ese tecnicismo”.
Sin embargo –siguió diciendo-, en cualquier caso ese tecnicismo no puede ser usado sin tener en cuenta que la lógica indica que si alguien está en El Pozo es porque tiene un alto nivel de peligrosidad.
“Como diríamos allá en Occidente, ¿en qué cabeza cabe?”, se preguntó.
Sin embargo, el presidente Hernández dijo que “hemos avanzado de manera importante, sabíamos que iba a haber una reacción (de los delincuentes ante las acciones de las autoridades) y probablemente seguirá, pero no vamos a retroceder ni un tan solo milímetro, porque de lo que se trata es de recuperar la paz y la tranquilidad de los hondureños”.
Recordó que a otros países les tomó doce años consolidar un proceso como este; “nosotros apenas llevamos tres, pero hemos avanzado mucho más que esos otros países que les temó doce años su consolidación”.
“Lo que no podemos hacer es retroceder, y cada vez afinar más y darnos cuenta que la normativa, las reglas, los protocolos que eran válidos para el año pasado o para el siglo pasado ya no son válidos hoy y por eso el Congreso existe para ir estructurando una nueva normativa de acuerdo a la realidad que se vive”, añadió.
Consultas a los diputados
Asimismo, el mandatario les pidió a los medios de comunicación que “le hagan un favor al pueblo hondureño y entrevisten a cada diputado y pregúntenle cuál es su posición y allí se va a saber de qué lado estamos cada quien”.
“No quiere decir que tienen que estar de acuerdo en todo lo que nosotros propusimos, no, pero debatamos y pongámonos propositivos”, apuntó.
Cuestionó que “hay gente que está en el Congreso que fueron jueces y ahora sencillamente dicen no (a las reformas penales); no puede ser, el pueblo hondureño tiene que saber y si dicen no, que digan por qué”.
“Yo sigo pidiéndole al Congreso que apoyen a Honduras, para eso están allí, y no me cabe la menor duda que tienen una conciencia social que les va a permitir participar activamente en este debate y que nadie venga a usar el tecnicismo de aquí en adelante porque no tiene lógica; no cabe en la cabeza de alguien que esté comprometido con recuperar la paz y tranquilidad del país”, recalcó el mandatario.
Anuencia en un sector de la oposición
El presidente Hernández confió que “he hablado con muchos diputados de la oposición, varios de ellos han dicho que están conscientes y quieren participar” en la aprobación de las reformas penales.
Aceptó que “con otros no he hablado, pero he escuchado su respuesta a esto que nosotros hemos enviado al Congreso y cuando dicen particularmente que un par de líderes de Libre (Libertad y Refundación) que no van a acompañar, inclusive tienen elaborado, según me dicen algunos diputados, el borrador de un voto particular o un voto en contra… bueno, que digan por qué no y qué es lo que argumentan”.
Lo que sí está claro con este caso –continuó- es que hay que cambiar las cosas “y eso es lo que esperamos”.
“En todo caso el pueblo hondureño tiene que estar expectante y que se pronuncie cada hondureño”, acotó.
Viviendo en el pasado
El mandatario lamentó que muchos diputados y hondureños se han quedado viviendo con lo que sucedía en el siglo pasado.
“Yo creo que en general lo que tenemos que entender es que lo que ha existido en Honduras en temas de la normativa del Código Penal, de centros penitenciarios, de la norma procesal y otras normas, la gran mayoría obedece a una realidad del siglo pasado”, expresó.
Agregó que “es lo mismo que yo decía cuando los centros penales, las cárceles en Honduras, fueron diseñadas para el siglo pasado y lo que hoy enfrentamos requiere una revisión profunda y constante, porque es cambiante la delincuencia”.
Y por otro lado –precisó- “quiero dejar claramente establecida la instrucción que tiene Fusina y lo que pedimos a centros penales es que el individuo que esté recluido y que desde las cárceles haya seguido delinquiendo, automáticamente debe estar en la categoría que va para El Pozo”.
Sin embargo, aclaró que “eso no significa que debe tener sentencia firme todavía; no podemos seguir esperando que porque no tenga sentencia firme, siga haciendo picardías desde allí”.
Sobre el mismo tema, añadió que “en qué cabeza cabe también, no importa, si entró (el recluso) hoy, porque si empieza a pensar cómo delinquir y sigue ordenando muertes y secuestros, debe estar en El Pozo”.
También comentó el gobernante que “eso no significa que un juez, o alguien de la Procuraduría o de otra institución operadora de justicia, deje por un lado o no tome en cuenta que si una persona está en El Pozo es por una razón poderosa; entonces, debe tomar en cuenta esa circunstancia”.
De igual forma, apuntó que, si el juez no consideró ese argumento, entonces el Congreso Nacional debe definir los nuevos parámetros para que el recluso no salga en libertad.
Ese -considera el presidente Hernández- es el tema de fondo.
Conmutación de penas
Sobre la conmutación de penas, el titular del Ejecutivo dijo que hoy habló con el fiscal general, Óscar Chinchilla, sobre que “no es que la figura de la conmutación de la pena no deba de existir por completo, pero lo ideal es que no se pueda dar por automático”.
Se debe considerar como corresponde la peligrosidad, las circunstancias, y por eso dentro del pliego de reformas al Código Penal debe estar presente y se ha enviado al Congreso para que se puedan generar algunas limitaciones a la conmutación de penas.
Por otro lado, refirió que “la figura de los jueces con jurisdicción nacional es lo que calza en este tipo de delitos, porque son jueces especializados”, pero también agregó que “un juez en condiciones normales, si sabe que alguien está en El Pozo, es por algo, inmediatamente debe activarse una alerta y eso no ha ocurrido” en el caso de Cálix.
Es por ello –consideró- que entre las reformas al Código Penal se debe prever que ese tipo de casos no puede ocurrir.
Hernández, respecto a la mujer señalada de hacer la llamada para que el comunicador Igor Padilla saliera de donde estaba y fuera asesinado, dijo: “no quisiera profundizar sobre el tema para no entorpecer las investigaciones, pero es parte del informe que le estoy pidiendo a Fusina en detalle para conocer lo que pasó”.
Alguien podría decir que, a pesar que ella (Martha Yolanda Ortez Duarte, alias “La Gorda”), “podía ser la responsable de haber hecho la llamada, pero al estar ante él, dijo otra cosa”, subrayó.
El mandatario afirmó que “eso hay que evaluar y tenemos que entender que, aunque no nos guste, existan abogados o algún tipo de defensores que van a hacer valer cualquier tecnicismo o circunstancia, sólida o no”.
Pero –prosiguió- al resto de las partes en un juicio “les decimos que defiendan los intereses del Estado, tienen que estar previendo esto también y adelantarnos de igual manera”.
En general, “no podemos permitir que estos tecnicismos sigan provocando injusticia e impunidad en el país”, insistió Hernández.
“Al final, alguien me podrá decir: es que la ley lo permite. Repito, en ninguna cabeza cabe que se va a dar una salida bajo esas circunstancias”, apuntó.
“Quiero apelar y pedirles a ustedes, amigos de la prensa, que es el momento de que el pueblo hondureño tome conciencia”, añadió.
Concluyó exhortando nuevamente al Congreso Nacional para hacer un debate amplio y profundo sobre las reformas al Código Penal. “No tenemos ningún miedo de debatir sobre ello”, afirmó.
