El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha vuelto a sentenciar contra la oposición venezolana cuando sólo han transcurrido seis días de su último veredicto. En esta ocasión, la máxima instancia judicial del chavismo ha impuesto que la recolección del 20% de firmas del censo nacional, el último paso para activar el referéndum revocatorio contra Nicolás Maduro, debe ser realizada por estados. O lo que es lo mismo: a la oposición no le basta con reunir en todo el país las casi cuatro millones de firmas que exige el Consejo Nacional Electoral (CNE), sino que debe superar en todos y cada uno de sus 23 estados el listón del 20%, una de las tretas diseñadas por el poder electoral para dificultar al máximo el éxito de esta iniciativa.
“La falta de recolección de ese porcentaje en cualquiera de los estados o del Distrito Capital, haría nugatoria la válida convocatoria del referendo revocatorio presidencial”, explica la Sala Electoral del TSJ en su sentencia, hecha pública hace unas horas. La Unidad Democrática denunció durante los últimos días que el Supremo preparaba una sentencia contra el revocatorio, cuando sólo faltan 8 días para que se celebre la triple jornada (desde el miércoles 26 hasta el viernes 28) de recolección de las llamadas manifestaciones de voluntad.
El CNE ordenó en septiembre que en la recolección sólo se usarán 5.392 máquinas captahuellas de las casi 20.000 solicitadas por la MUD. El CNE dispone del doble, 40.000 máquinas. En las primarias de 2015, el oficialismo dispuso de más de 8.000 máquinas.
Además, sólo se abrirán 1.356 centros electorales durante siete horas cada día, como si de una oficina se tratase. Existe el precedente de la verificación del 1% de las firmas, realizada en junio. Durante las tres jornadas, el oficialismo dispuso mil y una barreras para ralentizar el proceso, incluso impidiendo el acceso de los ciudadanos a los centros.
“El TSJ cierra con broche de oro el sepelio de la democracia venezolana. ¡El 20% es nacional! ¡Lo recolectaremos y los revocaremos!“, clamó el líder estudiantil Hasler Iglesias tras conocer la última andanada judicial. La Unidad Democrática se ha negado a cumplir este requisito inventado por el CNE, ratificado ahora por el Supremo, que según juristas y expertos es anticonstitucional.
Además, el TSJ añadió un párrafo a su sentencia que va más allá de lo judicial para meterse en el terreno político. “La recolección de las manifestaciones de voluntad no constituye en ningún caso, por consiguiente, ni una consulta ni un referendo ni un plebiscito”, cuestiona el tribunal, sabedor de que la oposición quiere convertir la recogida de rúbricas en un gran movimiento popular, donde no todos los acudan a firmar podrán hacerlo. El gobernador Henrique Capriles, principal impulsor del revocatorio, ha apostado porque serán seis millones las personas que se movilicen esos días.
El TSJ ha emitido más de una veintena de sentencias contra la Asamblea Nacional y contra cualquier iniciativa de la oposición en lo que va de año. La semana pasada sorprendió al mundo al permitir que Maduro pudiera aprobar los presupuestos generales del estado ante el pueblo (un grupo de seguidores chavistas), sin pasar por el Parlamento y con la firma final del propio tribunal.