La Asamblea General de la OEA abrió hoy lunes su periodo ordinario de sesiones en Santo Domingo con el reto de buscar soluciones a la situación financiera del sistema interamericano de derechos humanos y con la sombra de la crisis política y económica venezolana.
La situación de Venezuela, donde la oposición demanda un referendo revocatorio del mandato de Nicolás Maduro y la población padece una inflación galopante y escasez de productos básicos, no forma parte de la agenda de la Asamblea; pero el secretario general Luis Almagro reconoció que puede haber diálogos informales para debatir el tema entre los diplomáticos asistentes.
A la Asamblea General del organismo hemisférico, que será inaugurada la noche de hoy lunes por el presidente dominicano Danilo Medina, han confirmado su asistencia 26 cancilleres, entre ellos la venezolana Delcy Rodríguez y el secretario de Estado estadounidense John Kerry.
Rodríguez advirtió la semana pasada en Caracas que junto con los representantes de los países de la Alianza Bolivariana (ALBA) asistiría a la Asamblea para frenar las supuestas intenciones de Almagro contra el gobierno de Maduro. Según Rodríguez, Almagro ha dedicado su primer año como secretario general de la OEA a impulsar “una campaña de hostigamiento” contra la administración venezolana.
Almagro presentó a fines de mayo un informe de 132 páginas sobre Venezuela en el que invocó la Carta Democrática Interamericana por considerar que “estamos ante alteraciones graves al orden democrático”.
El secretario general insistió la víspera en conferencia de prensa que es “definitivamente imposible e innecesario” debatir de forma oficial la situación de Venezuela durante la Asamblea General ya que el Consejo Permanente tiene previsto analizar el tema y su informe el próximo 23 de junio. Sin embargo, el tema de la situación venezolana irrumpió el lunes en las reuniones previas que sostienen miembros de la OEA con representantes de la sociedad civil.
La administración de Maduro debe reconocer que hay una crisis “para abrir canales de asistencia humanitaria” y que el país “sea beneficiario de la solidaridad internacional”, dijo Adolfo Flores, un venezolano de 25 años que participó en el encuentro en representación de grupos juveniles de su país.
La ayuda humanitaria, “en el marco que se está utilizando, esconde un deseo intervencionista”, respondió de inmediato el embajador de Venezuela ante la OEA, Bernardo Alvarez.
Almagro había adelantado la víspera que uno de los temas que espera sea tratado en la Asamblea General es la crisis por la que atraviesa el sistema interamericano de derechos humanos, que de no reunir su presupuesto deberá despedir a 40% de su personal en julio.
Personal de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) distribuye desde el domingo a los asistentes a la Asamblea materiales en los que se explica la situación financiera de la institución. Según información oficial, la CIDH recibió en 2016 sólo 2,9 millones de dólares de contribuciones voluntarias de los 34 países miembros de la OEA.
Almagro consideró que el financiamiento de la CIDH no debe basarse en contribuciones voluntarias sino en un sistema de cuotas.